Redacción / Con información de DW .- Son 17 los opositores detenidos en Nicaragua, de ellos, cinco precandidatos a la presidencia, a cinco meses de las elecciones generales, en las que no se descarta que Daniel Ortega, de 75 años y con 14 años consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato sucesivo. La redada policial contra opositores inició el pasado 2 de junio con el arresto domiciliar de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, 67 años, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien según los sondeos era la más popular de los postulantes a la silla presidencial y potencial rival de Ortega en noviembre. Chamorro es acusada de lavado de dinero a través de una fundación con el nombre de su madre.
También están detenidos el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.
En un comunicado conjuntos los gobiernos de México y la República Argentina informan que el día de hoy instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, a trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses.
Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión.
Reiteran asimismo, su disposición plena para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses, quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al estado de Derecho y todos los derechos humanos.
