Redacción / Comunicado de prensa.- Cinco personas asexuales de Yucatán presentaron una demanda de amparo en contra de la Secretaría de Salud y otras autoridades del Sistema Nacional de Salud por catalogar la asexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Exigen se modifiquen los protocolos y prácticas internas, así como que se capacite al personal de salud, especialmente al de servicios psiquiátricos, para ejercer su derecho a acceder a la salud sin discriminación.
La asexualidad es una orientación caracterizada por no sentir atracción sexual hacia ninguna persona o un desinterés por las relaciones sexuales. Se calcula que al menos 1% de la población es asexual.
El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY), quien acompaña el litigio, anunció que las personas demandantes acudieron a la Justicia Federal luego de que las autoridades les confirmaran que la asexualidad era entendida como un problema psiquiátrico en el marco del Sistema Nacional de Salud.
“Según el personal de la Secretaría de Salud, si una persona afirma no tener atracción sexual hacia nadie, primero se le realizan estudios para identificar si tiene algún origen fisiológico. Descartado esto, son canalizados al personal de psiquiatría para terapia”, señaló el Colectivo PTFY.
El Colectivo PTFY denunció que esta práctica es una terapia de conversión de hecho, debido a que busca curar a las personas con orientación asexual. Señalaron que esto ocurría debido a que las autoridades de salud no contemplan en sus protocolos la posibilidad de distinguir entre la asexualidad y alteraciones fisiológicas.
“Históricamente se ha creído erróneamente que la asexualidad es un problema de salud o una decisión de celibato, cuando la realidad es una orientación más que nadie elige y que no se puede ni se tendría por qué curar” señaló Kalycho Escoffié, quien forma parte del Área Legal del Colectivo PTFY. “Las personas asexuales existen y también sufren distintas formas de discriminación, incluyendo la institucional”, concluyó.
La demanda fue admitida el viernes pasado por el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, quien resolverá el asunto.
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