Redacción.- En el Estado de Yucatán se impondrán penas más severas contra quienes cometan el delito de feminicidio. El Congreso del Estado aprobó la iniciativa enviada por el gobierno estatal para modificar el Código Penal del Estado y la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en esta materia.
La propuesta fue enviada al legislativo estatal en enero pasado por el gobernador Mauricio Vila Dosal y con la que reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia hacia este sector de la población.
Hay que recordar que dicho código estatal prevé una pena por este delito de 32 a 45 años de prisión y de 1,500 a 2,500 días-multa, con determinados agravantes que elevan la pena hasta un máximo de 60 años de prisión, como es el caso de la existencia de la relación de parentesco, laboral, docente o sentimental entre el sujeto activo y la víctima.
Pero con la nueva iniciativa avalada por el Congreso local, se regula un agravante para el caso de que la víctima sea menor de edad, con una pena mínima de 50 años, siendo esta la mayor entre las previstas actualmente en el código penal local, y una pena máxima de 65 años de prisión, dice el gobierno del Estado en un comunicado.
Con la reforma a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ahora se establecen como atribuciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) sensibilizar e informar a las personas ofendidas sobre los efectos, implicaciones y alcances del procedimiento abreviado, cuando se trate del delito de feminicidio, explica el gobierno del Estado.
De esta forma, se regula la pena para el feminicidio contra niñas o adolescentes, es decir, mujeres menores de edad, así como se aumenta la indemnización correspondiente cuando existan entre el sujeto activo y la víctima o las personas ofendidas del delito, los vínculos mencionados.
Las reformas que se aprobaron por el Poder Legislativo a propuesta del gobernador se relacionan directamente con los compromisos 91 y 92 del gobierno del Estado, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. Con el objetivo de propiciar la igualdad de oportunidades para los grupos en situación de vulnerabilidad.
