Redacción.- A pesar de la intención del Banco de Santander de cobrarse a lo chino, hasta ahora no ha podido embargar las cuentas del Ayuntamiento de Mérida, ni tampoco inmuebles de la Comuna y mucho menos su presupuesto, como algunas versiones periodísticas aseguran.
Ayer dimos a conocer la intención de dicho banco español de ejercer presión sobre el Ayuntamiento de Mérida filtrando información del requerimiento que realizara el Juzgado Segundo de Distrito junto con la actuaria Kathy de la Cruz Aguilar Vega.
Dicha actuaria hizo correr la versión de que se había realizado el embargo por más de 588 millones de pesos que el Banco Santander pretende cobrarle a la Comuna meridana por el conflicto de las luminarias contratadas con ABC Leasing durante el gobierno de Angélica Araujo Lara.
Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida informó que respecto al adeudo con Banco Santander, ayer por la tarde se llevó a cabo una diligencia, en la cual el Ayuntamiento de Mérida cumplió su obligación presentando un plan de pagos, mismo que ya había sido planteado desde enero del año 2019 y que se volvió a exhibir el 11 de agosto pasado. Mismo que el Banco Santander se niega a aceptar, hasta ahora.
Cabe señalar que el Ayuntamiento cuenta con una prerrogativa para que, ante una obligación judicial pueda cumplir con la misma mediante el pago en parcialidades, a fin de no afectar los programas prioritarios y la debida prestación de los servicios públicos, señaló el Ayuntamiento.
“No obstante lo anterior Banco Santander intentó señalar bienes que por su naturaleza son inembargables, lo cual no puede producir efectos adversos al municipio.
Los bienes y cuentas públicas son inembargables de acuerdo con los Arts. 9 de la Ley de Coordinación Fiscal; 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como 19, 21 y 22 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán; el 151 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el 42 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán”.
Por último, la Comuna explica que “los ciudadanos pueden estar tranquilos que seguiremos recurriendo a todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender el patrimonio de todas y todos”.
