Redacción.- El diputado José Antonio García García (PAN) impulsa una iniciativa para reformar diversas disposiciones de los códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, a fin de incluir el robo al transporte público dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y fijar sanciones de hasta quince años de prisión, para quien cometa dicho ilícito.
La iniciativa reforma el artículo 167 fracción XVII del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de que se considere como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, el robo de transporte público.
Además, se propone modificar el artículo 381 del Código Penal Federal, para que en los casos cuando se cometa el robo estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público, se aplique al delincuente de ocho a quince años de prisión.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, señala que el transporte público se ha convertido en una de las necesidades más básicas para los ciudadanos, ya que, a través de él, la gran mayoría de personas de cualquier condición tiene la oportunidad de trasladarse a sus centros laborales, educativos o del ámbito social. De esta manera, se vuelve un servicio indispensable para la movilidad urbana, así como para la vida social y económica del país.
Agrega que, pese a que el transporte público se ha vuelto indispensable en nuestro país, “actualmente es uno de los servicios más inseguros, pues los robos perpetuados en dicho transporte, representan una gran problemática para quienes usan este servicio”.
Subraya que cada día es más común y frecuente ver videos compartidos en las diferentes plataformas sociales donde los delincuentes, con lujo de violencia, despojan de sus pertenencias a los usuarios de dicho transporte, sin importar si son mujeres o personas de la tercera edad, y que de resistirse al asalto no solo pierden sus pertenencias, sino incluso hasta su vida.
Refiere que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 3 años, a nivel nacional, de julio de 2018 a julio del presente año, se registraron 55 mil 384 robos a bordo del transporte público.
Dichos datos indican que al 31 de julio del presente año, a nivel nacional se cometieron 8 mil 425 robos en el transporte público, cifra que representó un 11 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior. Ello sin considerar que en nuestro país sólo se denuncian seis de cada 100 delitos que se cometen, por lo que la cifra aumentaría considerablemente.
Precisa que Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y Puebla son los cinco estados a nivel nacional donde suceden el mayor de número de robos en el transporte público, concentrando estas entidades cerca del 90 por ciento de todos los robos a nivel nacional.
Por otra parte, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), refieren que, durante el año 2019 se cometieron 8.2 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público, lo cual representa una tasa de 9 mil 91 robos por cada 100 mil habitantes.
Por ello, se estima que es necesario desincentivar la comisión del delito de robo en el transporte público a través de acciones efectivas y contundentes en beneficio de las y los mexicanos. Resulta apremiante establecer las medidas necesarias que ayuden a combatir y erradicar de manera contundente el robo perpetrado en el transporte público con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar sus actividades cotidianas sin temor de ser víctima de la delincuencia.
