Eduardo Lliteras Sentíes.- Los despojos de tierras, de propiedades, en Yucatán, ilegalmente, nos acercan cada vez más a Quintana Roo, donde la delincuencia dedicada a robarse la propiedad de otros incluye a autoridades de todos los niveles, empezando por los comisariados ejidales y las autoridades municipales, cabildos y policías.
El clímax del contubernio entre autoridades y delincuentes -formando auténticas organizaciones dedicadas al despojo o robo a través de la falsificación de documentos y al uso faccioso de las instituciones como las policías- se alcanzó con el ex gobernador Roberto Borge, hoy preso.
En muchas zonas de la geografía quintanarroense es común ver vigilantes, personal armado, cercas, torretas de vigilancia, terraplenes, alambre de púas, entre otras medidas, para tratar de impedir invasiones de terrenos.
Más difícil es impedir la irrupción, con documentos falsificados en mano y el apoyo de notarios, fuerza pública y abogados, de terrenos, casas, departamentos.
En los últimos meses vía denuncias enviadas a nuestra redacción nos hemos enterado, de primera mano, de los despojos de tierras en Dzilam de Bravo, Celestún y Santa Clara en Dzidzantún, así como nuevos casos en Mérida. En la costa desde Progreso a Dzilam de Bravo es cada vez más común ver letreros que advierten que los terrenos costeros tienen propietario y que está prohibido entrar. Así como dobles cercas de púas y vigilantes.
El problema es que la impunidad campea en todos los casos. Ex alcaldes y cabildos que falsificaron documentación catastral se encuentran impunes. Nadie los toca. Inclusive a pesar de las denuncias de las personas afectadas ante la Fiscalía General del Estado y la flamígera Fiscalía Anticorrupción en su patrimonio familiar con documentos en la mano.
Ex funcionarios estatales del Catastro yucateco, hoy convertidos en flamantes diputados federales o que continúan incrustados en la administración pública, amenazan de muerte con tranquilidad e impunidad.
Los llamados “encargados de despacho” en la Semarnat y Profepa, así como en la Sedatu en Yucatán, trafican con permisos y multas a modo o cierran los ojos a ilegalidades evidentes como la venta de “La Laguna” como se conoce al cuerpo de agua ubicado en la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo y pegado al puerto de abrigo de dicha población.
Al ex alcalde Julián Villanueva Rivero alias El Triqui se le vincula con el despojo de al menos 19 terrenos costeros a sus legítimos propietarios en contubernio con el hoy diputado federal del Verde Ecologista, Mario Peraza. El alcalde reelecto, Armando Herrera, de Dzilam de Bravo, también es involucrado en la venta ilegal de “La Laguna”.
El tema llegó al escritorio de Hernán Cárdenas López y Jesús Lizárraga Veliz, encargados de despacho en Yucatán de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), respectivamente. Sin embargo, poco cabe esperar de dichos personajes a los que hace unos días se les descubrió en una extraña movida al imponer multa de 750 mil pesos y clausura a los legítimos propietarios de un terreno ubicado en Santa Clara (para favorecer al juez federal Christian Omar González) por supuestamente destruir manglares y la duna, cuando quien lo había hecho había obtenido permiso de esas mismas autoridades federales transexenales. Tras nuestra denuncia y la de otros medios, la Semarnat y la Profepa decidieron clausurar la obra que primero habían permitido con todo y permisos de por medio. Esto ameritaría, por lo menos, una investigación interna, cuando no, la fulminante destitución de los “encargados de despacho” tras fincárseles responsabilidades.
Asimismo, dimos a conocer el despojo de la vivienda de un matrimonio de mayahablantes, que no saben leer ni escribir, los que fueron desalojados de su domicilio en la colonia Montes de Amé (calle 16 número 232) por el usurero Rubén Felipe Osorio Paredes, quien en contubernio con personal de la Notaría número 94 crearon una falsa compra-venta del inmueble por 2.3 millones de pesos, dinero que nunca fue entregado a los afectados, quienes ahora viven encomendados con su hijo, dio a conocer a Infolliteras.com el abogado de la pareja de ancianos, desesperados por el robo de su propiedad.
Estos son casos recientes, aunque las denuncias en algunos de ellos, vienen de tiempo atrás, pero la maquinaria de impunidad ha permitido que el cambio de autoridades haga más complejo el esclarecimiento de los casos y el fincar responsabilidades, máxime, cuando no parece existir voluntad política para ponerle un alto a ésta maquinaria de la corrupción que pone en riesgo el sacrosanto precepto de la propiedad privada en Yucatán.
En Ixil, se señala, para variar, al ex subprocurador, Rafael Acosta Solís, vinculado al despojo de más de 4000 hectáreas. Se denuncia una asamblea programada a modo para operar la aprobación de dicho despojo para favorecer a un empresario de apellido Scoffie.
Estos son sólo algunos casos, ya que Yucatán, se ha convertido en la meca de la especulación inmobiliaria y de tierras del país.
El boom en el sector inmobiliario y la fiebre del oro que lo acompaña, han convertido las zonas costeras y limítrofes en el objetivo de la ambición de poderosos individuos, políticos y empresarios que lavan dinero en el Estado utilizando operadores sin escrúpulos dedicados a doblar a las comunidades agrarias con el contubernio de las autoridades federales del ramo agrario.
El “Tren Maya” no ha hecho más que exacerbar éste fenómeno que se registra desde al menos los últimos tres sexenios de forma notable y grave.
