Redacción.- En el Congreso de Yucatán se pretende elevar a nivel constitucional la Ley 3de3 para que quienes estén denunciados por deber pensión alimenticia, por agresión o acoso sexual, o por violencia familiar o de género, no sean elegibles a cargos públicos, afirmó Yndira Sandoval, destacada feminista y activista política defensora de derechos humanos.
En reunión de trabajo entre legisladoras y legisladores de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Igualdad de Género, y activistas promotoras de la iniciativa 3de3 para prohibir candidaturas a denunciados por dichas conductas, la especialista insistió en la importancia de considerar precisamente la denuncia como punto de partida de la identificación del posible deudor o agresor.
“Si sostienen que sea la sentencia lo que mueva esta iniciativa, lo que estarán sosteniendo es el pacto de impunidad y estarán otorgando el poder a la violencia, a quienes se saben protegidos, y le temen más a un periodicazo o a un tuitazo que a las leyes”, indicó.
Aclaró que la 3de3 “no es ninguna cacería de brujas ni pretender llevar al escrutinio público la vida privada de nadie, sino visibilizar que cuando eso que sucede en el espacio privado es violencia contra las mujeres, se trata de una violación de derechos humanos y por lo tanto vulnera la vida humana y es de interés general”.
Entre las aportaciones de la 3de3 a la vida democrática de nuestro país, mencionó que coadyuva a pasar de una paridad cuantitativa a la paridad cualitativa y sustantiva, “porque ese 50% que corresponde a las mujeres debe ser para mujeres surgidas de procesos democráticos libres de violencia y el 50% que corresponde a los hombres, deben ser para quienes no sean agresores, violentadores ni deudores de pensión alimenticia, es decir, que no sea para delincuentes”.
Asimismo, observó que previene la violencia política e institucional, “para que no nos salgan después con que no sabían que eran acosadores, violentadores”; además, ayuda a construir mejor ciudadanía, porque eleva los estándares democráticos de quienes aspiran a cargos públicos.
La diputada Vida Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano, promotora también de la iniciativa surgida de agrupaciones de feministas como Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (AMISY), ObservatoriaMX Yucatán, señaló que el encuentro de hoy es histórico porque “queremos sensibilizar a diputadas y diputados del Congreso de Yucatán que es necesario contar con esta ley que contribuya a eliminar la violencia contra las mujeres”.
“Hagamos historia para honrar a mujeres como Elvia Carrillo Puerto, que iniciaron en Yucatán una lucha que continúa por los derechos plenos para las mujeres, y parte fundamental es el derecho a una vida libre de violencia. Que esta iniciativa surgida de la ciudadanía, encuentre voluntad en todas las fuerzas políticas del Congreso, eso es lo que esperamos”, asentó.
También expusieron las activistas María Eugenia Núñez Zapata y Sandra Noemí Peniche Quintal, y acudieron en respaldo a la iniciativa Rita Farjat Vázquez, Rosalía López Castro, Ligia Vera Gamboa, Silvina Contreras Capetillo, Lydia Laurica Guanche e Irene Torres Ortegón.
Participaron en el encuentro las diputadas Vida Gómez Herrera, Carmen González, Alejandra Novelo, Rubí Be, Jazmín Villanueva, Karem Achach, Dafne López, Fabiola Loeza, Abril Ferreyro, así como los diputados Luis René Fernández, y Eduardo Sobrino.