Redacción.- Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* condenó este lunes el centro carcelario de Guantánamo, afirmando que se trata de un lugar donde se cometen violaciones implacables y continuas de las garantías fundamentales de los detenidos y que constituye una mancha en el compromiso del gobierno de Estados Unidos con el estado de derecho. Por medio de un comunicado, los relatores independientes del organismo multilateral señalaron que en la prisión ubicada en la isla de Cuba se cometen violaciones implacables y continuas de las garantías fundamentales de los detenidos desde que se creó con la justificación de la guerra al terrorismo. Se trata de un campo de torturas donde han ido a pasar, en muchos casos, personas que no habían cometido ningún delito y que fueron dejadas en un limbo jurídico por años.
Al cumplirse veinte años de la llegada de los primeros detenidos al enclave estadounidense en Cuba, los relatores se refirieron a las detenciones arbitrarias sin juicio y a la tortura o malos tratos perpetrados en esa base militar durante ese periodo como prácticas “inaceptables” para cualquier gobierno, pero particularmente para el estadunidense, que se dice protector de los derechos humanos.
En este contexto, sostuvieron que Guantánamo es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas y prohibición de la tortura patrocinada por el Estado, así como de la impunidad de la que gozan los responsables.
“Cuando un Estado no responsabiliza a quienes han autorizado y practicado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envía una señal de complacencia y aquiescencia al mundo”, declararon en un comunicado conjunto.
Una vez más, los expertos pidieron al gobierno estadounidense que cierre el centro carcelario, que regrese a los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros respetando el principio de no devolución, que brinde remedio y reparación a quienes hayan sido torturados y detenidos arbitrariamente por sus agentes, y que obligue a que los responsables de los actos de tortura que rindan cuentas en línea con las leyes internacionales de derechos humanos.
“Como miembro recién electo del Consejo de Derechos Humanos, los expertos piden nuevamente a Estados Unidos que cierren esta instalación y terminen este feo capítulo de violaciones despiadadas de los derechos humanos”, apuntaron.
Los expertos señalaron que en 2003, esa prisión albergaba a 700 reclusos y subrayaron que dos décadas después aún quedan 39 detenidos de los cuales sólo nueve han sido acusados o condenados por algún delito y trece serán trasladados.
Refirieron que entre 2002 y 2021, murieron nueve detenidos bajo custodia, dos por causas naturales y, según los informes, siete se suicidaron. Ninguno de ellos había sido acusado o condenado de delito alguno.
“Guantánamo es un sitio de notoriedad sin precedentes, definido por el uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cientos de hombres llevados ahí y privados de sus derechos más fundamentales”, enfatizaron.
Todo esto, agregaron, pese a la repetida e inequívoca condena de la operación de esa prisión.
Los expertos en derechos humanos expresaron especial preocupación por la población carcelaria enferma y envejecida que ha sufrido atropellos durante todo este tiempo y repudiaron la falta de asistencia médica adecuada, así como la inexistencia de rehabilitación por tortura a las que obliga el derecho internacional.
“El estrés y la vulnerabilidad de estas personas y la angustia que viven sus familias continúan sin fin a la vista”, lamentaron.
Los relatores especiales denunciaron los procedimientos previos al juicio que realizan las comisiones militares para eliminar las pruebas de tortura y remarcaron la necesidad de transparencia e imparcialidad en los procesos.
Acentuaron las fallas del sistema judicial de Estados Unidos para proteger los derechos humanos y defender el estado de derecho que dan lugar a un limbo legal en Guantánamo con su aprobación y apoyo.
Para concluir, los expertos encomiaron la valiente y ardua labor de los abogados defensores que han luchado para proteger el estado de derecho y que han revelado las violaciones de los derechos humanos por parte de las comisiones militares.
Los firmantes del comunicado son la relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer; sobre la trata de personas, Siobhán Mullally; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; sobre el derecho a la integridad física y salud mental, Tlaleng Mofokeng; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
*Los relatores especiales* forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
