Redacción.- ARTICLE 19 constató que tanto en la capital del país como en el resto de las entidades federativas la violencia es cada vez más común contra los periodistas. En 2021, las entidades con más agresiones documentadas fueron la Ciudad de México, con 100 ataques (15.53%); Guerrero, con 52 (8.07%); Puebla, con 46 (7.14%); Baja California, con 44 (6.83%), y Yucatán, con 39 (6.06%). Estos cinco estados concentran el 43.63% de los atentados contra la prensa, afirma ARTICLE 19 en su informe intitulado “Negación” y publicado el día de hoy.
En 2021, nuevamente, las personas funcionarias públicas fueron el principal agresor contra periodistas y medios de comunicación, como viene sucediendo desde 2009, año en que ARTICLE 19 inició el registro de atentados contra la prensa en México. Así, de los 644 ataques de 2021, el Estado mexicano estuvo involucrado en por lo menos 274 de ellos (42.55%). Es decir, las autoridades mexicanas están directamente vinculadas a dos de cada cinco agresiones contra la prensa.
El preocupante patrón en la conducta de las autoridades locales, que resultan ser las que más violentan a la prensa directamente, ya sea de forma material o al ordenar ataques. Efectivamente, de los 274 atentados perpetrados por autoridades de distintos órdenes de gobierno, 122 (18.94%) provinieron del nivel estatal, seguidos de los 96 cometidos por 20 Entrevista de ARTICLE 19 con Roberto Bravo, periodista de idalgo, 8 de diciembre de 2021 autoridades municipales (14.91%), mientras que las
federales perpetraron 56 agresiones (8.70%).
Lo anterior demuestra que la violencia contra periodistas y medios de comunicación no va a cambiar ni disminuir automáticamente con la alternancia de quienes ostentan el poder. Por el contrario, persiste la intolerancia a la crítica y el escrutinio públicos, lo cual se traduce en acciones para silenciar a quienes informan sobre temas de interés público, pero incómodos para el gobierno.
La violencia desde el Estado, además, tiene un efecto cascada, que se refeja en 13Ɠ ataques contra la prensa cometidos por particulares (21.27%), 59 de partidos
políticos (9.18%) y 42 de la delincuencia organizada (6.53%). Las 132 agresiones restantes (20.50%) son casos en los que ARTICLE 19 no tuvo elementos suficientes para indicar un probable agresor.
Como se dijo antes, en México, la violencia contra la prensa existe para intentar silenciarla y evitar que cierta información salga a la luz. Por ello, en 2021, el área informativa más vinculada a las agresiones contra periodistas fue la de corrupción y política, con 285 (44.25%). En 2021, nuevamente, las personas funcionarias públicas fueron el principal agresor contra periodistas y medios de comunicación, como viene sucediendo desde 2009, año en que ARTICLE 19 inició el registro de atentados contra la prensa en México. Así, de los 644 ataques de 2021, el Estado mexicano estuvo involucrado en por lo menos 274 de ellos (42.55%). Es decir, las autoridades mexicanas están directamente vinculadas a dos de cada cinco agresiones contra la prensa.
La cobertura de asuntos de seguridad y justicia, conocida coloquialmente como “nota roja” en México, con 155 casos (24 del total), figura como la segunda con más agresiones a la prensa en el país.
Reportear asuntos de seguridad, entonces, resalta por el riesgo de ser víctima de la delincuencia organizada (33 de las 42 agresiones perpetradas por estos grupos) y de las fuerzas de seguridad civiles (52 de 110).
En este sentido, las y los periodistas que se ocupan de estos temas son más propensos a sufrir amenazas de muerte (15 de 36 casos), detenciones arbitrarias y privaciones de la libertad (13 de 33 casos) y a ser asesinados, pues cuatro de los siete periodistas ultimados en 2021 cubrían asuntos de seguridad y justicia.
En 2021, siete periodistas fueron asesinados por situaciones posiblemente vinculadas con su labor: Alfredo Cardoso Echeverría, Fredy López Arévalo, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández. Asimismo, Jorge Molontzín Centlal fue desaparecido. Desafortunadamente, la violencia letal continúa en 2022, ya que durante las primeras ocho semanas del año, otros ocho periodistas fueron asesinados.
En entrevista con ARTICLE 19, Óscar y Fredy López, hijos del periodista Fredy López Arévalo, asesinado en octubre de 2021, comentaron al respecto: “Callar un
periodista a plomos es una constante criminal en México. A Fredy López Arévalo lo asesinaron por su actividad periodística. No nos cabe duda que su perfil político, siempre señalando intereses de los que ejercen el poder y su relación con esquemas de corrupción y vínculos con criminales, es lo que buscaban silenciar”.
El problema es que los medios de comunicación mexicanos no tienen modelos financieros sostenibles. Históricamente, han dependido ya sea de fondos públicos o de la venta de anuncios privados, los cuáles, con el auge de las plataformas digitales, han reducido la rentabilidad de la prensa impresa, la radio y la televisión. Aún más, muchas empresas de comunicación han utilizado la pandemia como justificación para reducir salarios, ya de por sí bajos. El Estado tampoco ha actuado para asegurar una asignación de publicidad oficial más equitativa y transparente, ni garantías laborales para las personas trabajadoras de la prensa. La carencia de seguridad social es aún peor para los comunicadores independientes o freelance y/o personas colaboradoras.
Según ARTICLE 19 las personas periodistas indígenas están en alto riesgo de ser violentadas, a lo que hay que sumar los obstáculos estructurales para ejercer la profesión. Las agresiones documentadas, tanto de medios como de personas periodistas indígenas, se ubican en tres estados: Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Además, en estas entidades, la proporción de población originaria es de 18%, 65.4% y 44.44%, respectivamente, por lo que muchas veces el periodismo indígena es una extensión de la defensa de su territorio.
En el caso de Yucatán, las y los periodistas indígenas fueron agredidos, principalmente, por sus investigaciones sobre asuntos de corrupción y política a nivel municipal y, en particular, a los relacionados con proyectos de construcción que muchas veces llevan al despojo de tierras. Mientras tanto, las dos agresiones en Quintana Roo están vinculadas a notas sobre seguridad, añade el informe.
Normalizar la violencia es el peor síntoma de un Estado de derecho deficitario, un Estado que ignora a su gente, sus voces, su diversidad. Pero las agresiones contra la prensa no sólo se miden en números, se reflejan en la ausencia de éstos, pues el miedo a denunciar y la autocensura crecen ante la falta de acciones preventivas y de protección a la labor periodística. Cada día que se agrede a una persona periodista por informar, cada historia que se deja de contar, es una vulneración a los derechos de todas y todos, y un daño grave a nuestra incipiente democracia, concluye.
