Redacción / amazonwatch.org.- La Asociación Yanomami Hutukara ha declarado una crisis humanitaria a raíz de la denuncia de violación y asesinato de una niña yanomami de 12 años a manos de mineros, la desaparición de un niño de 3 años y los ataques a la aldea de Aracaçá de los yanomamis que han colocó a la comunidad amazónica “al borde de la desaparición” por la violencia provocada por los mineros.
Según Júnior Hekurari , presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami y Yek’wana (Condisi-YY), el 25 de abril una niña yanomami de 12 años fue violada hasta la muerte y un niño de 3 años se encuentra desaparecido luego de ser arrojado a un río cuando mineros ilegales atacaron el pueblo de Aracaçá en el estado brasileño de Roraima.
Mientras la mayoría de la comunidad indígena del pueblo de Aracaça estaba cazando , los mineros aprovecharon su ausencia para invadir la comunidad. Según Hekurari, fue entonces cuando los mineros ilegales secuestraron a una mujer, su sobrina y su hijo pequeño y los llevaron al campamento de los mineros. La mujer trató de detener la violación de la niña, pero los mineros luego la arrojaron violentamente a ella y a su hijo a un río en represalia.
Los últimos y horribles ataques contra el pueblo yanomami por parte de mineros de oro ilegales que operan con impunidad en la Amazonía demuestran la creciente brutalidad y crueldad de los mineros, que solo se compara con la indiferencia del gobierno federal a medida que aumentan estos crímenes en las tierras indígenas.
En una visita a la comunidad posterior a la denuncia del crimen, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal (MPF) señalaron que “no se encontraron indicios materiales de homicidio o violación”. La agencia de noticias Amazônia Real informó que, según la tradición funeraria yanomami, el cuerpo de la niña ya había sido incinerado.
El MPF y la Policía Federal no han buscado ninguna información sobre la cremación del cuerpo de la niña, ni han dicho si buscarán a la niña de 3 años y a la madre que fueron arrojadas al río.
Tras el ataque, el edificio comunal de Aracaçá fue incendiado. No está claro si la estructura fue incendiada por los yanomami o si fue el resultado del ataque de los mineros. En un comunicado, la Condisi-YY señaló que “algunos indígenas se reunieron y analizaron las imágenes de la comunidad quemada e informaron que, según la costumbre y la tradición, luego de la muerte de un ser querido, la comunidad en la que reside se incendia y todos evacuan a otro lugar”.
Aracaçá está ubicada en una de las regiones amazónicas más devastadas por la minería ilegal de oro en los últimos cinco años. También es la aldea que presentó la tasa más alta de contaminación por mercurio dentro de la Tierra Indígena Yanomami, según un análisis realizado por el Instituto Fiocruz en 2014 y 2015 en colaboración con el Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil. Según el mismo estudio, el 92% del total de las muestras de los residentes del pueblo mostraron niveles muy altos de envenenamiento por mercurio, resultado directo de la minería ilegal, donde el mercurio se usa para separar el oro del suelo.
Según el informe Yanomami Under Attack , publicado el 11 de abril por la Asociación Hutakara Yanomami (HYA), la aldea de Aracaçá está “al borde de la desaparición debido a la perturbación social provocada por los mineros”, que trajeron alcohol y un “polvo blanco”. a la comunidad, dejando a los residentes “adictos, alterados y violentos”.
En respuesta a la amenaza de fusión, el Congreso de Brasil creó una comisión externa para examinar las denuncias de violaciones de derechos contra los pueblos indígenas en la Tierra Yanomami. La comisión tendrá 13 integrantes y será coordinada por la única congresista indígena, la diputada Joenia Wapichana. La comisión se encuentra ahora en el estado de Roraima y había planeado visitar el pueblo de Aracaçá, al que solo se puede acceder por avión o helicóptero y requeriría el apoyo logístico del ejército brasileño. Sin embargo, los militares negaron la ayuda a la delegación parlamentaria, diciendo que sería imposible “debido a los recursos aéreos limitados disponibles en la región amazónica”.
La denegación de la solicitud de la delegación parlamentaria es especialmente notable dado que las fuerzas armadas de Brasil tienen un historial de apoyo a los intereses de la minería ilegal en la Amazonía mientras hacen poco para apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley contra la industria. En 2020, la Fuerza Aérea de Brasil trajo mineros ilegales de la ciudad de Jacareacanga, en el estado de Pará, a Brasilia para una reunión con el entonces ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.
El pueblo yanomami se enfrenta actualmente a una crisis humanitaria porque el régimen de Bolsonaro se pone abiertamente del lado de la minería ilegal y otras industrias criminales, empujando a la Amazonía hacia su punto de inflexión. Solo en 2021, la actividad minera ilegal en los territorios yanomami aumentó un 46 % con una respuesta mínima del gobierno. Los principales objetivos de esta tragedia son las mujeres y los niños, que se enfrentan a la violencia y el abuso sexual.
La violencia y las amenazas contra las comunidades indígenas están profundamente arraigadas en la industria minera y son inaceptables. Hoy, el gobierno federal de Brasil y su jefe de estado se niegan a respetar la Constitución de Brasil, especialmente en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno está permitiendo la destrucción del medio ambiente y las experiencias de los yanomami no deben normalizarse. Bolsonaro antepone las ganancias a las personas, y esto no puede responderse con silencio. Mientras el mundo es testigo de esta tragedia que se desarrolla, sabemos que puede sentirse pesado y que no hay nada que podamos hacer. Pero nuestra voz y conciencia juegan un papel importante, y debemos mantener esto en el centro de atención. Debemos exigir rendición de cuentas y una respuesta completa a esta crisis humanitaria que se desarrolla, y comienza con una investigación exhaustiva de la reciente tragedia en Aracaçá.
