Redacción / Didier Madera.- El pasado 29 de julio, el Juez de Control Luis Armado Mendoza Casanova, amplió el término de la medida cautelar de prisión preventiva a Ermilo Javier Castilla Roche, quien ya lleva más de tres años en el penal “sin que inicie su respectivo juicio de forma inconstitucional”, según señalaron sus abogados a Infolliteras.com.
En la audiencia de revisión de ampliación del plazo de la medida cautelar celebrada esta semana que concluyó en el Juzgado Segundo de Oralidad Penal del Estado se aprobó la solicitud de los empresarios Fernando Ponce García y Juan Manuel Ponce Díaz, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De tal manera, por sexta ocasión se amplió por seis meses la disposición, por lo que el afectado lleva tres años y medio sin que sea procesado.
La quinta medida cautelar venció el pasado martes 2, pero Mendoza Casanova se adelantó y le impuso una nueva disposición, la cual concluirá el 1 de febrero del 2023, por lo que de cumplirse el término cumpliría cuatro años en prisión preventiva, afirmó su abogado Emiliano Zapata Cetina.
Asimismo, señalan que no se estableció fecha alguna para efectuar la audiencia de continuidad del proceso legal.
El procedimiento del juez fue considerado por el abogado “como un hecho completamente inconstitucional y violatorio de todas las Leyes y Códigos de Derechos Humanos Internacionales, Nacionales y Estatales”, según dijo.
Cabe destacar que Mendoza Casanova fue ratificado como Consejero de la Judicatura recientemente, nombramiento que fue cuestionado por agrupaciones defensoras de mujeres en Yucatán.
Por otra parte, de acuerdo con la información proporcionada, el pasado 9 de marzo de 2022, luego de 13 meses de espera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia favorable para resolver el amparo contra la inconstitucional prisión preventiva, dictada y prorrogada ilegalmente por el Poder Judicial en Yucatán en contra del empresario yucateco Ermilo Javier Castilla Roche. Cabe recordar que en mayo de 2018, Castilla Roche fue aprehendido con base en la segunda denuncia por fraude, ahora en Yucatán, que interpuso el empresario y exfuncionario estatal Fernando Ponce García, quien fuera el suegro del hoy detenido.
En el caso ventilado en el Centro de Justicia Oral de Mérida se involucró a Ermilo Castilla Ponce y a Noemí Roche Ancona, hijo y madre de Castilla Roche.
Cabe recordar que a la audiencia realizada en mayo pasado sólo acudieron Castilla Roche y Castilla Ponce, a quienes se les colocaron detectores electrónicos de ubicación, por encontrarse fuera del país Roche Ancona, a quien le fue colocado igualmente el brazalete al comparecer a su regreso en el ya mencionado Centro de Justicia.
De igual forma, se les impuso otras restricciones como no salir del Estado sin autorización del juzgado y depositar, 500 mil y 250 mil pesos, respectivamente.
También se les advirtió que esas cantidades las podrían perder si por alguna razón no justificada abandonan el proceso.
Al mismo tiempo, todos fueron vinculados a proceso a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los representantes legales de Ponce García.
Meses después la denuncia contra la señora Noemí Roche Ancona fue atraída por un Juzgado Federal por anomalías detectadas en el proceso, y en el Juzgado Colegiado Federal con sede en Cholula, Puebla, se le concedió de manera unánime la protección definitiva del amparo.
Pese a lo anterior, le fue negado el mismo derecho a Castilla Roche en los Juzgados de Distrito con sede en Yucatán, y Castilla Ponce acudió de manera espontánea a confesar haber realizado el presunto fraude en contra de Ponce García, su abuelo.
En la Primera Sala, los magistrados de la SCJN analizaron y discutieron la solicitud de reasunción de competencia 174/2021 presentado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Durante la sesión se emitió la sentencia mediante la cual se resolvió la solicitud de reasunción de competencia 174/2021, para conocer del amparo en revisión 453/2021, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito.
De acuerdo con la denuncia, el probable inculpado vendió terrenos de manera ilegal con la participación de su hijo y su madre, con un valor de mil 500 millones de pesos, haciendo uso de un poder que le concedió el quejoso en el 2004, pero la acusación fue revocada en 2011, según presume con presunta comparecencia ante Notario Público en esa fecha.
La venta de los inmuebles, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, se realizó en 2013, pero a esa fecha ya existía una escritura de promesa de compraventa desde el año 2007 con las formalidades de ley, por lo que la compraventa del 2013 fue de hecho la ejecución de una transacción contratada desde años atrás, según dichos de los abogados del acusado.
A estas anomalías hay que sumar dos factores que llaman la atención, el primero, la inexplicable demora de más de tres años en realizar los trámites de ley para perfeccionar una revocación de esta naturaleza.
En segundo término está el procedimiento judicial se inició en Quintana Roo, donde fue declarado infundado, puesto que las escrituras de compraventa del 2013 fueron debidamente ratificadas ante la Notaría en funciones, el Registro Público de la Propiedad, y el Archivo Notarial de ese Estado, con fecha anterior a que se dieran los avisos e inscripciones requeridas para hacer válida la revocación de poderes entre las partes hoy en conflicto.
Por lo pronto se está a la espera del resultado final de este juicio, que amerita aclarar aún no da inicio, pese a que el acusado lleva tres años en una prisión preventiva.
