Redacción.- Las entidades con menores niveles de impunidad y/o mayores niveles de efectividad del Sistema de Justicia Penal son Yucatán, con 69.5%; Baja California, con 79.2%; Chiapas, con 79.5%; Michoacán y Guanajuato, con 80.3%, y Sonora, con 83.5%, según la novena edición del reporte “Hallazgos, Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, dado a conocer por México Evalúa. Asimismo, el estudio afirma que el promedio de impunidad nacional en homicidio doloso para 2021 asciende a 96.9%. Las entidades con menor impunidad en homicidio doloso son Yucatán (65.8%), Coahuila (76.2%) y Querétaro (78.2%), mientras que las entidades con mayor impunidad son Zacatecas (99.9%), Veracruz (99.8%) y Jalisco (99.7%). También señala que el promedio de impunidad nacional en feminicidio para 2021 asciende a 88.1%. Las entidades con menor impunidad en feminicidio son Guanajuato (20%), Baja California (40.4%) y Sonora (42.5%), mientras que las entidades con mayor impunidad son Nayarit (100%), Zacatecas (98.6%) y Quintana Roo (97.7%). Yucatán se ubica con 85.7%, dice el estudio. Por último, señala que el promedio de impunidad nacional en violación para 2021 asciende a 96.4%. La entidad con menor impunidad en este delito es Querétaro (79.2%), seguida de Sonora (87.6%). Fuera de ellas, prácticamente todas las entidades presentan una impunidad superior al 90%. En el caso de Yucatán, aparece sin datos.
Por primera vez, el reporte incluye un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos. Los delitos de desaparición forzada (98.9%), extorsión (98.2%), violencia familiar (97.1%) y homicidio doloso (96.9%) reportan los mayores porcentajes a nivel nacional. Este año, el reporte pone el foco en la insuficiencia de presupuesto para las instituciones del sistema, así como en las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, pues son estas condiciones las que propician, en gran medida, que el 91.8% de los delitos investigados queden impunes a nivel nacional.
De acuerdo con “Hallazgos”, en 2021 el presupuesto del sistema de justicia penal a nivel estatal aumentó sólo 0.07% con respecto a 2020. De este presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas. Las personas que trabajan en las instituciones del sistema de justicia penal enfrentan una importante sobrecarga de trabajo, subraya el estudio. En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional; cada perito atendió 356 solicitudes; cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.
“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa, en la presentación del informe.
“Hallazgos” plantea que si las fiscalías no cuentan con modelos de organización interna que aseguren procesos expeditos y con respuestas diferenciadas entre casos en los que se vulneran la vida, la libertad o la integridad personal y casos de alto volumen (o de prioridad más débil), será difícil reducir los índices de impunidad en el país.
En el ámbito federal “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República, la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública. El reporte recoge que actualmente 94 mil elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y que sólo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con una certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones policiales. Además, la Guardia Nacional acumula cada vez más quejas por presuntas violaciones a derechos humanos: 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.
“El Estado Mexicano no puede postergar más el compromiso con la justicia, ni negar su responsabilidad frente a las demandas de verdad y reparación. Es urgente replantear las prioridades, fortalecer a las instituciones, dignificar a los operadores y colaborar con la sociedad para construir soluciones”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.
Este año, Querétaro, Nuevo León y Coahuila encabezaron el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, con 1,012, 924 y 918 puntos, respectivamente. Sin embargo, ninguna entidad cumplió con el estándar mínimo de condiciones, que fue de 1,100 puntos, y la brecha entre entidades se amplía. El reporte destaca también que, ante la ausencia de un liderazgo federal, Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit, Coahuila, Hidalgo y Morelos reinstalaron o renovaron sus instancias de coordinación, con la finalidad de impulsar el avance del modelo acusatorio. Sin embargo, se requiere de un esfuerzo decidido y conjunto desde los poderes Ejecutivo y Legislativo locales, las fiscalías generales y los poderes judiciales para avanzar en la transformación.
Para elevar el acceso y la calidad de la justicia, México Evalúa recomienda:
1. Reducir las asimetrías institucionales que afectan en mayor medida a defensorías públicas, asesorías victimales y unidades de medidas cautelares.
2. Fortalecer a las instancias de coordinación de las instituciones de justicia penal, las cuales deben tener facultades para lograr un funcionamiento sistémico.
3. Orientar los esfuerzos hacia una persecución estratégica que dé respuestas diferenciadas a los casos y eficiente el uso de los recursos.
4. Reducir la impunidad aumentando el uso de la justicia alternativa, revisando la tipología de los casos que van al archivo temporal o en los que se decreta el no ejercicio de la acción penal, para proponer soluciones de mayor calidad.
En la presentación del evento participaron Bruce Abrams, director de la misión de USAID en México; Siegfried Herzog, director regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann; Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; Stephanie Brewer, directora para México de WOLA, y Gustavo Fondevila, académico e investigador en materia de seguridad pública y justicia penal del CIDE.
