Redacciòn.- La Comisión de Seguridad Social, presidida por la diputada Ivonne Cisneros Luján (Morena), se reunió con el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, con el objeto de abordar temas diversos en torno a las finanzas y el manejo de la cartera vencida de ese Instituto.
La diputada Cisneros Luján dijo que es claro que el Infonavit ha cumplido su trabajo de convertir los créditos que eran impagables en créditos justos y pagables, bajo diversos esquemas que se han diversificado y que además tienen como propósito garantizar un mayor acceso a créditos y buscar que la gente tenga más opciones para acceder al derecho a la vivienda, que forma parte de la seguridad social.
Estimó necesaria una estrategia más fuerte que acabe con el problema de viviendas abandonadas y revisar el tema de la cobranza judicial. “Entendemos que no es el Infonavit quien lo hace, que tiene que ver con las carteras que fueron vendidas a otras instituciones financieras, pero realmente este tipo de cobranza es un dolor de cabeza para las familias y nosotros estamos aquí para trabajar por su bienestar, no para que su cotidianeidad se vea afectada, porque hay despachos que los amenazan con desalojarlos”.
Destacó la importancia de trabajar en una política integral de vivienda; “creo que tenemos un pendiente en el que Legislativo y el Ejecutivo debemos trabajar juntos. Por lo pronto, debemos homologar lo positivo que se ha hecho en el Infonavit.
Agregó que tanto el Infonavit como el Fovissste deben trabajar en la misma lógica, porque son las dos grandes instituciones públicas que otorgan créditos. “También hay que fortalecer la relación con los municipios que juegan un papel importante en la política de vivienda”.
Participación de diputadas y diputados
Del PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores dijo que continúa el problema de viviendas abandonadas y vandalizadas, muchas empresas quebraron y las dejaron, por lo que se requiere hacer una política pública integral que incluya a todas las instancias pues hay ausencia de planes de desarrollo urbano de parte de los municipios.
La diputada del PRI, Johana Montcerrat Hernández Pérez afirmó que hay crisis por los desmedidos costos de las viviendas, que 51.4 por ciento de la población no tiene acceso a un crédito y más del 16 por ciento renta. “Seguiremos trabajando por medidas legislativas progresistas que sigan ampliando los derechos”.
El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) pidió al funcionario informar qué se hará para mantener finanzas sanas en el Infonavit y solicitó datos sobre las viviendas abandonadas.
La diputada Martha Barajas García, de Morena, advirtió que en su entidad, San Luis Potosí, hay una falta de oferta de vivienda en la zona metropolitana. Invitó al funcionario a acudir al estado, a fin de conjuntar esfuerzos con autoridades locales para atender los asuntos.
En su intervención, la diputada Claudia Delgadillo González (PVEM) pidió al funcionario informar de manera puntual sobre los aspectos más destacados de esta administración, que está del lado de los que menos tienen y que ha trabajado para que las y los mexicanos puedan acceder a una vivienda.
Segunda ronda
Susana Cano González, diputada de Morena, preguntó qué acciones se pueden implementar para atender a derechohabientes del IMSS sin relación laboral activa y qué retos se enfrentaron para cambiar el esquema.
La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) preguntó si se tienen avances sobre todo en el tema de calidad de vivienda digna. Asimismo, solicitó que el personal de este Instituto atienda, escuche, resuelva y dé una atención igual a todas y todos los derechohabientes.
También de Morena, la diputada Yolis Jiménez Ramírez reconoció los avances en reestructuración de créditos, sobre cartera vencida y en programas de Cobranza Social y Responsabilidad Compartida. También pidió conocer su opinión sobre la iniciativa para evitar desalojos de viviendas del Infonavit en caso de impago.
La diputada Rosa Hernández Espejo (Morena) se pronunció en contra de que el Infonavit venda su cartera vencida a despachos privados para cobranzas y expuso que derechohabientes denuncian aumentos ilegales en las cuotas para amortización de deuda con el Instituto.
A su vez, la diputada Olegaria Carrasco Macías (Morena) propuso que los descuentos a trabajadores por cuotas hipotecarias del Infonavit sean de acuerdo al salario base y no al neto.
El diputado Torreblanca Engell pidió crear un manual para la atención de conflictos y trámites con el Infonavit y que se abran canales de comunicación y capacitación con las y los legisladores para difundir los programas de apoyo de la Institución.
La diputada Hernández Pérez cuestionó si existe un plan para que jóvenes accedan a créditos hipotecarios y qué metas se cumplirán al terminar la administración y cuáles no.
La diputada Sonia Rincón Chanona (Morena) dijo que pasar el esquema de UMA a pesos es de gran beneficio para los derechohabientes. Preguntó si se puede crear un préstamo a corto plazo para quienes hayan concluido su crédito pero que los detiene porque no pueden escriturar y cuáles serán las estrategias durante 2023 para fortalecer las finanzas del Infonavit y preservar su sentido social.
El Programa de Responsabilidad Compartida, de los más exitosos
El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, habló de las decisiones que ha tomado el Consejo de Administración del Instituto, cómo se ha abordado la problemática de los créditos en salarios mínimos, así como la importancia de pensar en marcos legislativos que permitan la conversión de créditos a pesos.
Puntualizó que, con el fin de aliviar la deuda, manejar la cartera vencida, cuidar la responsabilidad del Infonavit frente al reto que representa la no amortización de los créditos e incentivar a los acreditados a mantenerse al corriente en sus pagos, se implementó el Programa de Responsabilidad Compartida, “que ha sido uno de los más exitosos en la historia del Instituto, tanto por el número de beneficiarios, más de 300 mil, como por la inversión que se ha hecho.
Mencionó que se aplicaron medidas extraordinarias para proteger el ahorro. El Consejo de Administración aprobó un mecanismo por el cual el pago mensual y los saldos de los créditos vigentes no serían afectados por el incremento de 22 por ciento al salario mínimo, ni por el aumento de la UMA para 2022.
Asimismo, aseguró que el Instituto no aumentará sus tasas de interés y que al cierre de agosto de este año la tasa fue menor que la tasa promedio bancaria y la de referencia del Banco de México.
Respuestas del funcionario
Al dar respuesta a las y los diputados, el funcionario aclaró que en anteriores administraciones no había control en la calidad de las viviendas, sus conexiones y servicio, así como los usos de suelo, donde había crecimiento desmedido y servicios provisionales. Destacó que ahora, previo a su venta, las casas ya deben contar con servicios completos.
Respecto a la iniciativa para elevar a rango constitucional el tema del impago, observó que va en el mismo sentido de lo que se hizo a la reforma al 4º constitucional sobre hacer inembargables los recursos de programas sociales. En este caso, “creo que habría que revisarlo también a la luz del trabajo que encabeza la diputada Aleida Alavez sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles. De prosperar esta iniciativa, dejaría de existir el juicio civil hipotecario”.
Sin embargo, agregó, trabajamos en la iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles donde proponemos que haya juzgados especializados en materia hipotecaria, que se transite hacia la oralidad en todos los estados, que lo que se dirima en el juicio hipotecario no sea sobre la deuda o el contrato de crédito sino sobre el bien, y que se piense en la insolvencia del acreditado.
Subrayó que “esta iniciativa es la que estamos trabajando y en este caso, vale la pena fortalecer el artículo 71 de la Ley donde se establece el principio de la cobranza social”. Sobre la austeridad, informó que se ha reducido el gasto operativo en 20 por ciento en términos reales.
Dijo que 43 por ciento de créditos del instituto son para personas menores de 30 años con lo que resuelve una falla de mercado. Añadió que la principal meta para 2024 es reestructurar deuda en Responsabilidad Compartida y se busca llegar a un millón de conversiones.
Indicó que en el tema de ingresos “nos ha ido bien por el aumento del salario, pues de aportaciones patronales se recibirán 127 mil millones de pesos, de los cuales 12 mil 700 millones tienen que ver con aumento de salario mínimo”. Agregó que eso ha permitido cumplir con programas de crédito Y la Reserva del Fondo de Inversiones en Valores que pasó de 165 mil millones a 480 mil millones de pesos.
