Redacción.- El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” consideró que “las cárceles están llenas de inocentes”, de manera particular, las ubicadas en territorio mexiquense, que gobierna Alfredo Del Mazo Maza.
“Ahora que ya hay un reconocimiento tácito de uno de los tres Poderes de la Unión sobre la grave situación que se vive a los largo y ancho del país con relación a la mayor parte de las personas privadas de su libertad, es momento de actuar”, afirmó José Lara.
Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una Ley de Amnistía para beneficiar a ciudadanos con imputaciones penales, pero que carecieron de una defensa o fueron víctimas de tratos degradantes o humillantes.
“La Ley de amnistía ya se aplica a nivel federal, pero hay una gravísima traba en los gobiernos de las diversas entidades del país, que, en lugar de despresurizar los centros de reclusión, los hacen más robustos”, indicó.
Agregó que a esta situación se agregan los casos donde las personas fueron víctimas de tortura o actos degradantes o humillantes por parte de las autoridades; situación que provoca tener cárceles llenas de personas inocentes, sólo por el negocio que implica mantenerlos en prisión.
“Aunado a este problema, hemos documentado la grave situación que viven las personas en prisión, así como sus familiares, ya que cada visita implica una cadena de pagos irregulares para que el familiar preso pueda vivir con servicios que deberían estar garantizados.
“El acceso a un equipo celular, pasar lista, recibir visita conyugal, acceso a servicio médico, a un lugar dónde dormir, a los alimentos, a accesorios como jabón de baño, ropa y un gran etcétera, forma parte del gran negocio que hay en entorno a esta situación.
Por su parte, el coordinador de comunicación y prensa, José Víctor Rodríguez consideró que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben avanzar con una reforma para modificar el circuito judicial y garantizar los derechos humanos de las personas.
“Es primordial hacer una justicia transversal al circuito judicial con una perspectiva de derechos humanos y así garantizar la no repetición de actos corruptos en esta área y, más aún, lograr que personas inocentes pisen los centros de reclusión”, dijo.
Por ello, advirtió, es necesario que los integrantes del Congreso de la Unión trabajen para delinear políticas públicas a la altura que la ciudadanía necesita para evitar atropellos a las garantías individuales, sostuvo el periodista de profesión.
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