Redacción.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió 30 controversias constitucionales promovidas por municipios de los estados en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley Responsabilidades Administrativas, que forman parte del Plan B aprobado por Morena en diciembre pasado a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los municipios que la impugnaron se cuenta el municipio de Mérida y entre los Estados, el Estado de Yucatán. Dichas 30 controversias se suman a las 125 presentadas por Estados como Yucatán, Baja California y Querétaro y a 7 acciones de Inconstitucionalidad.
Aunque los municipios de entidades como Coahuila, Durango, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Mérida y el Estado de México, solicitaron suspender la aplicación de la nueva ley, el ministro Pérez Dayán rechazó la petición al considerar que, por tratarse de una norma general, no se afecta de manera irreversible ningún derecho humano.
Los municipios alegaron ante el máximo tribunal del país que las reformas vulneran su autonomía presupuestaria al limitarles a 0.1 por ciento el gasto en comunicación social.
Pese a que solicitaron la suspensión de la aplicación de la norma, esta seguirá vigente pues la Corte no la concedió.
A estas controversias constitucionales se acumularán las que se espera recibir luego de la publicación de la segunda parte de dicha reforma, ocurrida el jueves pasado. Todas deberán ser resueltas por la SCJN antes de junio próximo, para no interferir con el calendario electoral de 2024.
Asimismo, se informó que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación admitió las impugnaciones que interpuso el Gobierno y el Congreso de la Unión en contra de la suspensión dictada por el Poder Judicial contra del Plan B.
