Redacción.- “Representantes legales de Ermilo Castilla Roche presentaron ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja administrativa en contra de los Magistrados Pablo Jesús Hernández Moreno y Jorge Enrique Eder Wynter García, pertenecientes al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, por la comisión de actos que afectan la debida imparcialidad e independencia con la que deben actuar todas y todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación”, según declaró el licenciado Federico Berrón Autrique, representante de Ermilo Castilla Roche.
Cabe recordar que recientemente fue liberado el empresario Ermilo Javier Castilla Roche, quien permaneció cuatro años en prisión acusado “por el delito de fraude. El hombre recuperó su libertad luego de que su defensa promovió un amparo, el cual fue aceptado por el Juez Segundo de Control, el licenciado Kenny Martins Burgos Salazar, quien cambió la medida cautelar de prisión por otras medidas menos gravosas como la colocación de un brazalete localizador. Días después, siempre en Mérida, Yucatán, fue detenido de nueva cuenta el empresario Ermilo Castilla Roche, quien ha sido juzgado dos veces por un mismo delito: por presunto fraude por la venta de unos terrenos en Holbox, Quintana Roo. Ermilo Castilla, había obtenido su libertad en enero tras cuatro años preso, luego de que un juez le permitió seguir su proceso en prisión domiciliaria con el uso de un brazalete electrónico. Pero este sábado agentes de la Fiscalía de Justicia con unos 20 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cumplimentaron otra orden de aprehensión por otra carpeta de investigación, en la que la denunciante es la exesposa de Ermilo. Los familiares y Ermilo denunciaron “violencia en el nuevo arresto e irrupción ilegal” en un domicilio particular, según dijeron.
«Su hijo vende una propiedad de la mamá, Ermilo en esta denuncia que existe está imputado como autor intelectual, cuando las cosas se estaban agravando por el mismo proceso, le fijan al hijo una fianza como de 170 millones de pesos y va la mamá y dice pues perdono a mi hijo pero de forma absurda se mantienen la denuncia contra mi hermano», dijo Raúl Castilla.
Como se recordará Ermilo Castilla Roche fue denunciado primero en Quintana Roo, en el año 2013, por su exsuegro y conocido “empresario, accionista y socio fundador de conocida empresa refresquera, consorcio empresarial con más de 50 empresas, y conocido principalmente por ser el franquiciatario de dicha trasnacional en la Península de Yucatán y República Dominicana, quien lo acusó del delito de fraude, por haber utilizado un poder irrevocable, sin rendición de cuentas, el cual nunca le fue cancelado”, explicaron sus abogados.
Según el licenciado Berrón Autrique, “a pesar de que en la denuncia presentada, en el año 2013, en Quintana Roo, se determinó el no ejercicio de la acción penal; en el año 2015, su ex suegro, a pesar de que dicha acción había prescrito, denunció de nueva cuenta y por los mismos hechos a Ermilo Castilla Roche, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán, a pesar de que dicha acción había prescrito, el mismo día de las elecciones a gobernador en Yucatán, el domingo, 2 de Julio del 2018, Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán determinó ejercer la acción penal no obstante que los mismos hechos (sucedidos en Quintana Roo) ya habían sido desestimados por la Fiscalía Quintanarroense”, afirma.
Dice el licenciado Federico Berrón Autrique que “con la complicidad del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en el Estado de Yucatán, se inició un proceso penal que ha mantenido a Castilla roche más de 4 años en prisión, y en donde se han violado todas las reglas básicas del debido proceso penal. Frente a las diversas arbitrariedades cometidas, la defensa legal de Castilla Roche ha presentado diversos juicios de amparo que, en última instancia, han sido resueltos por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito el cual se encuentra integrado por los magistrados Juan Carlos Moreno López, Jorge Enrique Eder Wynter García y Pablo Jesús Hernández Moreno, quien lo preside. En esos amparos en revisión, la todas las resoluciones han sido desfavorables a Castilla Roche, a pesar de la evidencia de claras violaciones a derechos humanos, situación que podría tener su origen en los vínculos existentes entre los magistrados Wynter García y Hernández Moreno con conocida empresa refresquera de la que es dueño y socio el conocido empresario mencionado y denunciante de Castilla Roche”, según explicó.
Asimismo, el representante de Ermilo Castillo Roche, explicó, según él, entre otras cosas “los vínculos de ambos magistrados con el mencionado empresario y familiar a de su hermano”, lo que es “motivo más que suficiente para que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas y ante la evidencia de vínculos que acreditan una relación entre ambos se excusaran de conocer de los amparos en revisión en donde se han determinado cuestiones importantes de constitucionalidad en el caso de Castilla Roche. A pesar de eso, los magistrados han seguido conociendo y resolviendo amparos en revisión en el caso Castilla Roche, poniendo en entredicho la debida imparcialidad e independencia que todo órgano juzgador debería tener al momento de decidir cualquier controversia”.
Aseguró que “en ese sentido resulta preocupante que el poder y la influencia del conocido empresario, demostrado en el inexplicable e ilegal actuar de la Fiscalía de Justicia del estado y del poder judicial yucateco, haya trascendido a las instancias del Poder Judicial de la Federación, último reducto que tienen los ciudadanos para la defensa de sus derechos fundamentales. Es por ello que frente a esta actuar arbitrario y antiético se hicieron del conocimiento del Consejo de la Judicatura estos hechos para que, como órgano encargado de la vigilancia y disciplina de las y los funcionarios del poder judicial de la federación, investigue estas conductas que ponen en riesgo el prestigio de la Judicatura Federal y los principios básicos de imparcialidad e independencia”.
Y concluyó: “La vigilancia sobre el actuar de los dos magistrados se hace fundamental, en virtud de que el próximo jueves 09 de marzo el Tribunal Colegiado al que pertenecen ambos magistrados resolverá en última instancia un amparo en revisión que determinará si opera o no la prescripción de los delitos denunciados, prescripción que ya ha sido determinada para una de las coacusadas de Castilla Roche en un amparo en revisión resuelto por el Tribunal de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Es inconstitucional que para un coacusado en las mismas demandas y por los mismos hechos se determine la prescripción y para otro no”.