Redacción.- El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza informó que llevó a cabo “su octava audiencia local en la península de Yucatán, México del 9 al 12 de marzo de 2023, por el mal llamado Tren Maya, un megaproyecto de transporte ferroviario que pone en grave peligro de destrucción a ecosistemas y comunidades mayas, que como han expresado varios testimonios, no es sólo un Tren ni es propiamente Maya, al no considerarlo así varias comunidades mayas, y al ser un proyecto que se conecta con muchos más, polos de desarrollo, megagranjas porcinas, entre otros, exacerbando sus impactos sociales, culturales, ambientales y de género, y cuyo Plan Maestro nunca ha sido presentado por las autoridades”.
El Tribunal dijo que “visitó in situ a las comunidades de Pisté, El Señor-Xmaben, Tihosuco donde participaron delegados de varias regiones, y se escucharon testimonios de comunidades indígenas mayas, colectivos sociales, y grupos ecologistas, así como los 232 testimonios presentados ante este Tribunal. La audiencia se efectuó el sábado 11 de marzo en la Escuela de Agricultura Ecológica de Valladolid, Yucatán, en la que el Tribunal escuchó a representantes de 1 Comunidades escuchadas en recorrido: Pisté y Buctzotz -Yucatán; Señor, Xmaben, Ramonal, Yax-Ley, Felipe Carrillo Puerto, Chunhuhub, Tihosuco, Candelaria, Dziuché, José María Morelos – Quintana Roo”.
Asimismo, afirmaron que escucharon “23 testimonios que representaron a las voces de las Comunidades de Pisté, Tizimin, Sanahcat, Ticul, Izamal, Valladolid, Cantamayec – Yucatán; comunidades de Tihosuco, Bacalar, Nuevo Jerusalem – Quintana Roo; Comunidades de Don Samuel Escárcega, Comunidad de Ich Ek, Hopelchen, Isla Arena, Xpujil, Calakmul, Xcalot Akal, Xkix, Chencoh, Suc-Tuc, Komchen – Campeche; Comunidades de Salto del Agua, Palenque – Chiapas. Asamblea de Defensores del Territorio Múuch Xiinbal; Consejo Regional y Popular Indígena de Xpujil – Calakmul; Consejo Indígena de José María Morelos U Yo’ol Lu’um; Centro Comunitario Maya U Kúuchil K y Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto”.
También señalaron que escucharon a las “comunidades indígenas y agrupaciones ciudadanas, así como los informes periciales de académicos e investigadores en materia forestal y agrícola, sobre ecosistemas acuáticos y terrestres, sobre biodiversidad y sustentabilidad ecológica, sobre derechos colectivos y de la naturaleza, ecología política e ingeniería ambiental, con relación a los daños a la naturaleza, los riesgos ecológicos y la afectación a la cultura y los derechos inalienables – culturales, territoriales y existenciales- de las comunidades. Dichos testimonios han aportado evidencias, así como pruebas contundentes e irrefutables, que establecen un nexo causal entre la acusación del Fiscal de la Tierra y la prueba testimonial, documental y verificación in situ3 de los daños causados a la naturaleza y la violación de los derechos de las comunidades”.
Explicaron que “conforme a las actas se verifica que ningún representante del Estado asistió a esta audiencia, habiendo sido legítimamente invitados a través de una carta entregada a la Embajada de México en Ecuador, sede del Tribunal, así como a través de correo electrónico y de manera física el día 7 de marzo, invitando tanto al Gobierno de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, FONATUR, SEMARNAT, INPI, y SEDATU y CONANP”.
“Amparados en lo que dispone la normativa de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, el Convenio 169 de la OIT, la Declaratoria de Naciones Unidas y de la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 ODS; y la jurisprudencia emitida por el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como la legislación de los Estados Unidos de México; este Tribunal Ético, en nombre de los Derechos de la Madre Naturaleza, de la Humanidad y de las generaciones venideras resuelve:
- Reconocer de modo irrefutable la violación a los Derechos de la Naturaleza, así como los
Derechos Humanos, individuales y colectivos y los derechos bioculturales del Pueblo
Maya, que ancestralmente ha sido y continúa siendo protector y guardián de su territorio,
los cenotes, la selva, y los seres sintientes no humanos que habitan dicho territorio, todo
lo cual va configurando crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal responsabiliza al
Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales.
3 El Tribunal tuvo la oportunidad de constatar físicamente, el día domingo 12 de marzo, los
irremediables destrozos de la construcción del Tren Maya en el Tramo 5, guiados al interior de cavernas
por colectivos ciudadanos como Selvame del Tren, SOS Cenotes, Cenotes Urbanos que habrá de
afectar a más de 100 cavernas y cenotes se encuentran directamente debajo del trazado del Tren Maya,
y que ya se han deforestado más de 9 millones de árboles. - Conminar a las autoridades del Estado de la República Mexicana a la suspensión
inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la
desmilitarización de los territorios indígenas. Hacemos un llamado urgente al Estado y a
la intervención de los organismos internacionales, regionales y nacionales de derechos
humanos para el cese del despojo de las tierras ejidatarias, así como acabar con la
persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de los defensores y las defensoras
de la naturaleza, de lo cual el Tribunal fue directamente testigo, garantizando el derecho
a la libre expresión y defensa del patrimonio biocultural. - Se realice la reparación integral de los daños ecológicos y sociales causados por la
ejecución del megaproyecto Tren Maya y sus instalaciones colaterales. - Se inicie una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria, y de carácter intercultural,
con la participación plena y efectiva de las poblaciones afectadas. - Exhortamos al Ejecutivo y Legislativo a realizar reformas constitucionales a nivel Federal,
como las ya realizadas por algunos estados (Ciudad de México, Colima, Oaxaca, y
Guerrero), para el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza como sujeto de
Derechos. Asimismo, recomendamos la revisión de la ley que establece la propiedad
social de la tierra, para que ésta sea reemplazada por una ley que contemple la función
socioecológica del territorio en su relación indisoluble con las prácticas culturales
sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan.
El Tribunal notificará oportunamente por escrito la sentencia con amplitud y las formalidades
necesarias, que será traducida a lengua Maya.
Este Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, tuvo como Presidenta a Maristella
Svampa de Argentina, y estuvo además conformado por Fray Raúl Vera de México, Yaku Pérez
de Ecuador, Francesco Martone de Italia/Ecuador y Alberto Saldamando (EUA)
Chicano/Zapoteca. El Fiscal de la Tierra fue Jorge Fernández, la accionante Giovanna Gasparello
junto con 22 testimonios de comunidades indígenas, colectivos ciudadanos y peritos. La
Secretaria del Tribunal fue Natalia Greene y las organizaciones convocantes, la Alianza Global
por los Derechos de la Naturaleza, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’
Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)”.
