Redacción.- El Congreso del Estado de Yucatán cumple cinco años en rezago legislativo en materia de desapariciones forzadas, según afirmaron organizaciones de la sociedad civil. Familiares de personas víctimas de desaparición forzada en Yucatán e integrantes de Iniciativa Sinaloa y Border Hub demandaron al Congreso local por “omisión legislativa”, ante el Poder Judicial de la Federación, según dieron a conocer.
La señora Wuendi Araceli Durán Monforte, quien desde 2013 sufre la desaparición de su madre y hermana, decidió presentar un amparo indirecto en busca de sentar un precedente en la ley que ayude a más personas en su misma situación, según se explicó.
Durán Monforte, que sigue sin recuperar los restos de sus familiares, presentará además una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEY), con el fin de que se emitan recomendaciones a las autoridades involucradas y se aceleren las acciones para encontrar a las personas desaparecidas.
Se presentó en las instalaciones del Poder Judicial en acompañada de la organización Iniciativa Sinaloa, aliada del Border Hub y especializada en la agenda anticorrupción y defensa de derechos humanos, para entregar el documento en el que se expone que el acto reclamado es “la omisión legislativa en grado absoluto”.
En un comunicado de Iniciativa Sinaloa y de Border Hub se explica que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue promulgada el 17 de noviembre de 2017, y a pesar de que el artículo noveno transitorio marca un plazo límite de 80 días a partir de esta fecha para la armonización del marco normativo en los estados, en el caso de Yucatán no se ha emitido ningún decreto al respecto, lo que ha impedido avances en la formación de instituciones especializadas en perjuicio de las víctimas y de la creación de un registro estatal de personas desaparecidas.
Según la argumentación del amparo, la actualización de la ley facilitaría la creación de diversos entes públicos que tienen por objeto la coordinación y actuación respecto a la prevención y reacción en casos de desapariciones de personas en el estado, explican las organizaciones.
Asimismo, señalaron que estas acciones de sociedad civil tienen como antecedente el 30 de agosto de 2022, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, día en que Iniciativa Sinaloa AC entregó a los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local una propuesta de ley para actualizar el marco normativo en materia de desaparición forzada de personas. Lamentablemente, hasta la fecha no se ha manifestado en los hechos el compromiso realizado y la iniciativa ni siquiera ha sido discutida en comisiones. En tanto, la familia Durán Monforte tiene más de una década sin recuperar a sus seres queridos.
Los hechos revictimizantes
Explicaron el siguiente caso que atañe a Yucatán: En el año 2013, desaparecieron las señoras María Susana Monforte Collí de 55 años y Magdalena Durán Monforte de 32 años, familiares de la denunciante y quienes vivían en el ejido Plan Chac Pozo Dos, localizado en el municipio de Tekax en Yucatán.
“Mi familia denunció su desaparición en la agencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el mismo municipio donde vivían (Tekax). Sin que se nos haya avisado formalmente del registro y de la creación de una ficha de búsqueda de las dos personas desaparecidas”, lamentó Wuendi como parte de la fundamentación de dicho amparo.
Cuatro años después, la FGE citó a los hijos de María para notificarles que habían encontrado dos osamentas que podrían pertenecer a las dos mujeres. El hijo de María, José Durán Monforte, relató que era un terreno donde depositaban la excreta de los cerdos.
De acuerdo con el informe sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas del Gobierno Federal, es la única fosa clandestina de esta entidad federativa.
En ese momento, 2017, la Fiscalía aseguró que harían una prueba de ADN y después les entregarían los restos de su madre y hermana. Sin embargo, eso no ha ocurrido a pesar de que en 2022, la misma autoridad les indicó que tomarían “de nuevo” las muestras genéticas. Todo ello ha significado tiempo e incertidumbre que han aumentado el padecimiento de la familia.
En mayo de 2022, el caso fue revelado en el reportaje de Desdeñan a los desaparecidos tanto en Sonora como en Yucatán, los dos extremos de la violencia en México, publicado por el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub), un proyecto del International Center For Journalists y el Border Center para impulsar al periodismo y el combate a la corrupción.
El informe periodístico dio cuenta de la ausencia de registros de esta problemática en Yucatán, aunque por solicitudes de información pública se pudo conocer que hasta el momento de la publicación del reportaje había en el estado 522 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas.
