“Con el fin de imponer sanciones más severas a quienes dañen de manera dolosa, infraestructura, mobiliario y unidades de transporte público” diputados presentaron la iniciativa para reformar el código penal del Estado en materia de delitos contra el transporte público de pasajeros

“Con el fin de imponer sanciones más severas a quienes dañen de manera dolosa, infraestructura, mobiliario y unidades de transporte público”, según dijeron, los diputados que integran la Fracción Legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, presentaron ante el pleno en sesión ordinaria, la iniciativa para reformar el código penal del Estado en materia de delitos contra el transporte público de pasajeros.
La propuesta consiste en adicionar un segundo párrafo al artículo 167 y el artículo 169 Bis, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán para quedar de la siguiente manera: artículo 167, “Se castigará con la misma sanción cuando el resultado del acto dañe, altere, destruya o modifique alguna vía, señalización, aparato, tecnología, instalación o mobiliario de infraestructura vial destinada a la prestación del servicio de transporte urbano.
Y el artículo 169 Bis como sigue: A quien de manera dolosa, por cualquier medio, dañe, altere, inutilice o destruya un vehículo de motor destinado a la presentación del servicio de transporte público de pasajeros se le impondrá prisión de seis meses a seis años de prisión y una multa de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.
En su intervención para la presentación de la iniciativa, el diputado Jesús Pérez Ballote, señaló que lo anterior, dotará a la legislación estatal mayor especificidad para perseguir y sancionar este tipo de conductas antijurídicas, en lineamiento con los principios de legalidad, tipicidad y literalidad propios del Derecho Penal.
“De este modo, se otorgarán mayores herramientas a los Ministerios Públicos y autoridades correspondientes para hacer labores de investigación y procuración de justicia, con el propósito de que el daño o alteración al patrimonio público no queden impunes”, afirmó.
Pérez Ballote, indicó que es importante también el promover la denuncia ciudadana, para que las personas que cometan este tipo de conductas antisociales rindan cuentas ante la Ley. Agregó que Yucatán es un estado de Derecho, y fortalecer el cuerpo normativo abona a mantenernos como una sociedad de paz y desarrollo igualitario.
En esta legislatura, los diputados PAN Yucatán, aprobaron diversas iniciativas respecto al tema, como lo es la reforma a la Constitución Estatal para reconocer el derecho humano a la Movilidad, lo cual, más allá de ser meramente enunciativo, ha representado un nuevo enfoque para avanzar con pasos contundentes y acciones concretas en esta materia.
Otra fue la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial impulsada en esta sexagésima tercera legislatura, con la cual ha sido posible implementar gradualmente un esquema innovador por medio de un fideicomiso que otorga certeza y rumbo, así como una Agencia de Transporte especializada, y herramientas de modernización como la tecnología digital que habilita los pagos electrónicos.
Hoy, el transporte público en Yucatán tiene una nueva cara, que responde a una visión de un estado a la vanguardia, con rutas estratégicas como la del Periférico de Mérida, el Aeropuerto Internacional, el Circuito Metropolitano, las rutas nocturnas y recientemente el Circuito interior de las Américas.
Además el sistema Va y Ven, es la parte más visible de un proceso amplio de renovación en movilidad, que se fortalecerá con el proyecto IeTram, un sistema de transporte cuyo objetivo es optimizar la conectividad entre los municipios de Mérida, Kanasín y Umán.
Por todo ese esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado, encabezado por Mauricio Vila Dosal, es que los diputados del PAN Yucatán, presentan esa iniciativa, además de que quienes viven en Yucatán son personas de bien, trabajadora y de paz, por lo que no se puede pasar por alto los casos aislados de vandalismo y daño al mobiliario del transporte público, por ello el interés de los legisladores de actuar a favor de la conservación en buen estado de todo lo que abarca el servicio.