El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto por el que se reconocen y declaran como estratégicas, prioritarias, de interés público y de seguridad nacional, las instalaciones del Tren Maya, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos internacionales de Palenque, Chiapas y de Chetumal y Tulum en Quintana Roo.
“Hay una acción deliberada, de mala fe, antipopular, concertada, en la cual está coludida —así como lo estoy diciendo, coludida— la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces tenemos que buscar de manera legal, porque yo tengo facultad y existe un Consejo de Seguridad Nacional, que tiene la facultad para que se emita este decreto. No es ilegal, pero sí estamos protegiendo”, argumentó.
El Gobierno de la Cuarta Transformación, dijo, tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional porque quienes están promoviendo los amparos en contra, reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos “y eso lo podemos probar”.
Además, el objetivo es proteger de la corrupción e irresponsabilidad de integrantes del Poder Judicial las obras estratégicas que han intentado parar por responder a intereses de grupos opositores.
En conferencia de prensa matutina recordó la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el decreto presidencial de 2021 en la materia y aseguró que la federación seguirá actuando de manera legal en beneficio de los intereses del pueblo.
“Tenemos que blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público”, remarcó.
“Nosotros por el voto de los mexicanos, de la mayoría, llegamos aquí, pero el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto, es el Poder Judicial de siempre, que hay que renovarlo. Entonces, como obedece a los intereses del antiguo régimen, es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada”, agregó.
Aclaró que el decreto no elimina la responsabilidad que tiene el Gobierno de México de transparentar todo lo relacionado con las obras.
“El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar. (…) No hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra, decir: ‘no quieren que se sepa nada’. No, la Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos del Tren Maya y en todas las obras y no hay ningún problema en eso”, enfatizó.
