Integrantes del sector empresarial yucateco, de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares y de la Unión Nacional de Padres de Familia exhibieron su completo desconocimiento de la situación legal respecto a la distribución de Libros de Texto Gratuito, toda vez que no existe determinación legal para no entregarlos el próximo lunes a los niños y adolescentes yucatecos al iniciar el ciclo escolar 2023-2024. En efecto. Pese a que los nuevos libros de texto gratuito ya están en las escuelas públicas de Yucatán como legalmente corresponde, la iniciativa privada y representantes de escuelas privadas exhortaron a los gobiernos federal y estatal a que impriman y distribuyan los libros del ciclo escolar anterior, en cumplimiento de una orden judicial, según dijeron, equivocándose garrafalmente, ya que dicha supuesta orden judicial no es procedente.
Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solo 2 estados -Chihuahua y Coahuila- mantienen controversias legales en contra de la entrega de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Y aseguró que están cambiando de parecer quienes al principio habían manifestado desacuerdos. “Y qué bueno”, añadió. Asimismo, el presidente López Obrador sentenció que el próximo lunes, con el inicio del ciclo escolar 2023-2024, se distribuirán los libros de texto gratuitos “lo quieran o no lo quieran“.
En rueda de prensa, Beatriz Gómory Correa, presidenta de Coparmex Mérida; Levy Abraham Macari, presidente de la Canaco-Servytur Mérida; Gerardo Pineda Martínez, presidente del Comité Yucatán de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y Elías Dájer Fadel, presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares no supieron responder a los cuestionamientos de algunos periodistas. Los convocantes mostraron su falta de conocimiento del tema y de las cuestiones legales en torno a este asunto que ha generado en el país un debate de claros tintes políticos e ideológicos que nada tienen que ver con la educación.
Al cuestionárseles si alguno de los ponentes había revisado los libros y si alguno de ellos tenía hijos en alguna escuela pública, Pineda Martínez reconoció que el contenido no era el tema de la rueda de prensa, aunque reconoció que en Yucatán la UNPF-Yucatán no tramitó su amparo respectivo para Yucatán, y que la única solución es que cada padre de familia se ampare.
A su vez, Dájer Fadel, quien en un principio negó haber participado en las mesas de análisis sobre los libros de texto que organizó la Secretaría de Educación del Estado (Segey), reconoció que sí fue convocado a dichas mesas, pero que no participó pues a su juicio, dichas mesas no cubrieron la totalidad de lo que se debería cubrir, según dijo.
Los ponentes reconocieron que “estamos al cuarto para la hora” para realizar estos planteamientos sin embargo consideran que, lejos de cualquier ideología o errores que los libros puedan contener, consideran que la Secretaría de Educación Pública Federal ya tiene un exhorto, aunque no precisaron si dicho amparo aplica a los estados que ya están repartiendo los libros de texto.
Los dirigentes plantearon que en vez de distribuir los actuales Libros de Texto se utilicen los ejemplares del año pasado que pueden verse en línea, situación que pudiera resultar alejada de la realidad para un amplio porcentaje de los estudiantes de escuelas públicas, pero no indicaron qué pasaría con las comunidades en las que no se cuenta con acceso a internet e impresoras para el material.
Al cuestionárseles, por ejemplo, cómo haría un niño, del municipio yucateco de Tahdziú para acceder a los libros digitales, Dájer Fadel se limitó a responder que si los libros no cumplen con la ley se puede solicitar imprimir los del ciclo pasado. En este caso, agregó es precisamente por eso que se podría solicitar que se imprimieran estos libros para aquellas comunidades que lo requieran, aunque declinó responder si los empresarios aportarían recursos para la impresión de dichos materiales. Es decir, si los pagarían
Asimismo, manifestaron que no desean discutir los contenidos de los libros sino los alcances legales de un juicio de amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia por considerar que la autoridad federal responsable no cumplió con el debido proceso para la elaboración de los mismos, tal como lo establece la Ley General de Educación, según argumentaron.
En síntesis, los empresarios y organizaciones mencionadas no asistieron a las reuniones de evaluación de los libros de texto convocados por la Secretaría de Educación Pública.
Por otro lado, no interpretan bien los alcances jurídicos del amparo de un juez que va dirigido a la Secretaría de Educación Pública federal y a la CONALITEG, pero no a los estados, mencionan fuentes consultadas.
Por otro lado, y no menos importante, el lunes inician las clases y no proponen una alternativa viable para iniciar las clases sin materiales, ni están dispuestos a pagar la impresión de nuevos libros.Y aunque proponen subir materiales en línea para imprimir por internet, esto no es factible ni para educación indígena ni en áreas rurales donde no hay acceso ni recursos para ello a impresoras.En contraste, ninguno de sus hijos estudia en escuelas públicas. Si no se entregan los libros, que es una facultad constitucional ¿Cómo empezarán las clases? A esto, no tuvieron respuesta.
Cabe mencionar que a nivel federal autoridades de la Secretaría de Educación Pública explicaron que “no existe impedimento alguno para que los libros de texto que entregó la Secretaría de Educación Pública (SEP) sean distribuidos y entregados para el ciclo lectivo 2023-2024 en las escuelas de las entidades para que sin obstáculo alguno inicie el presente ciclo escolar”. Así lo dice en un oficio dirigido a Sofía Morales Garza, secretaria de Educación Pública del Estado de Nuevo León, Gisela Victoria Sánchez, titular de la jefatura de la secretaría de Educación Pública del gobierno federal. La funcionaria federal dice que de “manera enfática, rotunda y categórica” no hay motivo para no distribuir los libros de texto.
Por su parte, Morena, a nivel nacional, afirmó que “en menos de una semana, el ministro Luis María Aguilar frenó la distribución de los libros de texto gratuitos, mientras han pasado 8 meses desde que aplazó un litigio de 25 mil millones de pesos para una empresa privada. ¿Para quién trabaja el ministro? Es evidente que en favor del bienestar del pueblo no”.
