El diario italiano Domani, especializado en reportajes de investigación, acumula denuncias por difamación y reclamos de resarcimientos por cientos de miles de euros, realizados por políticos, encabezados por la primer ministro, Georgia Meloni. Esto podría no sorprender a muchos ya que Europa padece desde hace tiempo del abuso de las llamadas SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation en inglés o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública en español) por lo que la Comisión de la Unión Europea (UE) realizó en 2022 una serie de recomendaciones afirmando que “para que una democracia sea saludable y próspera, la gente debe poder participar activamente en el debate público”.
Para ello, es fundamental “garantizar una participación significativa, y que las personas puedan acceder a información, confiable, permitiéndoles formarse sus propias opiniones y ejercer su propio juicio en un espacio público donde se pueden expresar libremente diferentes opiniones”, decía la UE.
De tal manera, añadía la UE, “para promover este entorno es importante proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos de procesos, decisiones judiciales manifiestamente infundadas y abusivas destinadas a bloquear la participación pública (comúnmente conocidas como «SLAPP» o «acciones de mordaza»)”.
Y explicaba que “se trata de procedimientos manifiestamente infundados total o parcialmente infundados, que contienen elementos de abuso que justifican la presunción de que el objetivo principal del procedimiento judicial es impedir, limitar o sancionar la participación pública. Los indicios de tal abuso son: el carácter desproporcionado, excesivo o irrazonable de la solicitud o parte de ella, la existencia de múltiples solicitudes realizadas por parte del demandante en relación a hechos similares, o la intimidación, acoso o amenazas por parte del demandante o sus representantes antes de la incoación de procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos”. La UE explicaba que “semejante procedimientos constituyen un abuso de los procesos judiciales e imponen cargas innecesarias a los órganos jurisdiccionales, ya que su objetivo no es obtener acceso a la justicia, sino convertir en objeto de acoso y silenciar a los acusados. Los procedimientos prolongados suponen una carga para los sistemas judiciales nacionales”.
Asimismo, puntualizaba que “los procedimientos judiciales manifiestamente infundados y abusivos destinados a bloquear la participación pública pueden adoptar la forma de una amplia gama de abusos jurídicos, principalmente en materia civil o penal, pero también en materia de derecho administrativo, y puede basarse en diversas razones”.
En el caso del diario italiano Domani, Emiliano Fittipaldi, veterano periodista y director de Domani, y Stefano Feltri, han sido denunciados por difamación por la actual primera ministra italiana.
Roberto Saviano, escritor de renombre internacional, tuvo que presentarse ante la justicia italiana por haber llamado “bastarda” a Meloni en 2020, al acusarla de usar el discurso antiinmigración para sacar rédito electoral, según explicó.
Traigo a colación el tema debido a que en mi caso la Fiscalía General del Estado de Yucatán, lleva cuatro años y medio con un expediente penal en mi contra abierto, en el que se me “imputa despojo de cosa inmueble con violencia y los que resulten”. Asimismo, se afirma en la denuncia de 2019 que yo dirigía a un grupo de personas que supuestamente se introdujeron al casco de la ex hacienda de Santa Gertrudis Copó armados de palos, machetes y demás armas. Y se insiste en que yo llamaba a enardecer a la población a invadir la ex hacienda, además del robo de algunas pertenencias y herramientas de trabajadores de la inmobiliaria Abba que se ostentaba como propietaria de dicho predio.
Sin entrar, por el momento en el mérito del conflicto entre la población de la comisaría de Santa Gertrudis Copó y dicha empresa -la que usó, efectivamente, gente armada hasta los dientes para intentar desalojar a familias de sus viviendas- debo mencionar que jamás, ni la Fiscalía ni el supuesto denunciante reconocen mi papel de periodista en el lugar de los hechos, única razón y motivo de mi presencia en dicha comisaría en las fechas en que me imputan delitos que no cometí. Evidentemente, tampoco mencionan que las personas que intentaron el desalojo, ante los ojos de policías estatales que podría dar su testimonio, se enfrentaron con los habitantes de la comisaría. Y que yo, como otros periodistas y activistas defensores de los derechos humanos en Yucatán, nos encontrábamos en el lugar de los hechos cumpliendo con nuestra labor profesional. En mi caso, informar, exclusivamente. Lo demás son afirmaciones absurdas e infundadas, difamatorias, que jamás debieron de haber sido aceptadas en el Ministerio Público de Cordemex. El que ha seguido con el hostigamiento contra mi persona, a pesar de que me presenté de voluntad propia en el año 2020, citándome de nueva cuenta al cierre de 2023 en calidad de “imputado”, nuevamente, por los mismos cargos, a pesar de que la inmobiliaria Abba ya desapareció. Y que las “pruebas” son tan pobres como la probidad de los funcionarios que le dieron entrada. (Continuará)
