La representante ciudadana en el Congreso del Estado, Gabriela González Ojeda, votó en contra del dictamen para la realización de trabajos en el Puerto de Altura, porque hasta el momento no se ha demostrado la existencia del contrato de cesión de derechos y obligaciones por parte del gobierno federal.
-Al día de hoy, ninguno de los integrantes de esta Comisión conocemos este contrato, muy probablemente no existe- expuso la Legisladora, durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
El 16 de enero, se solicitó al gobierno estatal el contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones con número de registro ante la Secretaria de Marina; toda vez que no se encuentra en el Diario Oficial.
“En su lugar me entregaron dos convenios de colaboración del gobierno del estado, el primero con la Secretaría de Marina y el segundo con la Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso S.A. de C.V. En este segundo convenio recalca que para la ejecución del proyecto, requiere que se formalice previamente el otorgamiento de un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones”, expuso.
Sin esta documentación no habrá elementos de criterio en la valoración de la propuesta del Ejecutivo yucateco para modificar la Constitución Política del Estado y el Código de la Administración Pública, así como expedir la Ley de la Operadora Energética y Marítima de Yucatán, sociedad Anónima de Capital Variable de Participación Estatal Mayoritaria. Señaló.
-Lo he dicho y lo reitero, la población yucateca y las empresas que se encuentran operando dentro del puerto merecen transparencia respecto a este proyecto, ¿qué negocios se desarrollaran?, ¿se está contemplando el abastecimiento de gas natural al estado?.
En su exposición González Ojeda reiteró la postura de MC ante el proyecto de Modernización del Puerto de Altura de Progreso, de defender que las obras se hagan porque son necesarias, pero deben hacerse de la manera correcta.
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