Una veintena de socios de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY) denunciaron un presunto “fraude millonario”, según dijeron en conferencia de prensa, que habría sido “cometido por el presidente de esta empresa, A.R.B., así como por el tesorero, A. R. O. Según afirmaron los socios de de la ACY ya realizaron cinco denuncias penales a nivel federal, así como ante tribunales civiles y están en puerta otras dos querellas. El abogado Gabriel Ramayo Duarte, asesor del grupo de camioneros inconformes de la ACY, fue quien dio a conocer dichas afirmaciones e informó que presentó dos denuncias penales en la Fiscalía del Estado contra R. B. y su tesorero A. R. O. “por mala administración y mal uso de recursos públicos por el subsidio estatal de más de $200 millones que recibió la Alianza de Camioneros de Yucatán.
Además, informó que hay otra denuncia ante la Fiscalía General de la República “por el presunto uso de factureras para el lavado de dinero y ante al SAT por la contratación de una supuesta empresa de fachada que emitió en un mismo día y con minutos de diferencia facturas por más de $15 millones de pesos por concepto de asesoría y redacción de actas de asamblea, algo insólito por el monto del pago”, según dijo. Además, dijo que solicitó una auditoría federal del SAT (Servicio de Administración Tributaria) a la Alianza por sospecha de operaciones ilícitas de los dirigentes de la empresa.
De los 200 socios con que cuenta la ACY, de los cuales el 10 por ciento ya procedió de manera legal, ninguno ha recibido los beneficios del apoyo gubernamental por 225 millones 564 mil 43.42 pesos, en un lapso de cuatro años, y por la venta por 18 millones de pesos por la ruta Circuito Colonias Rojo, según dijeron. Pero sí se les perjudicó con un falso préstamo otorgado por el Ejecutivo local por 30 millones de pesos, y de 15 facturas apócrifa por un orden superior de 10 millones de pesos, según argumentaron.
También afirmaron que aunque los directivos de la ACY “ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el supuesto robo de unidades, aseguraron que se demostró que los autobuses de transporte público de pasajeros son propiedad de los socios; y lo peor de todo, esta dependencia pretende desechar las quejas interpuestas por los afectados, e incluso, se niega a aceptar más denuncias”, según acusaron.
Explicaron que en 2020, el gobierno del Estado otorgó 86 millones 196 mil 581.44 pesos, en 2021 fueron 86 millones 901 mil 888.43 pesos, en 2022 fueron 56 millones 395 mil 812.03 pesos, y en 2023 fueron seis millones 69 mil 761.52 pesos, reveló el abogado de los 20 socios afectados, Gabriel Ramayo Duarte. A través del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública se corroboró que el Ejecutivo local nunca dio un empréstito de 30 millones de pesos, a pesar que durante el año pasado, los directivos de la ACY anunciaron ese supuesto préstamo para subsanar las finanzas de la empresa.
E insistieron en que la directiva se niega a informar el monto total de la venta de las unidades y las instalaciones, también se desconoce si también se incluyó a las escuelas preescolar y primaria.
El socio Juan Ramírez Ojeda mencionó la historia de la Alianza de Camioneros y relata el declive que la organización ha sufrido, dejando una organización endeudada con el Infonavit, seguro social y diversas demandas resultantes de los caprichos del directivo.
La socia Karen Ancona Reyes mencionó, que tienen 2 años manifestándose, acercándose a sus directivos y a las autoridades correspondientes, para solicitar información transparente de la sociedad, exigir rendimiento de cuentas y manifestar su inconformidad por los malos manejos de esta, a partir de ese momento han sido señalados como disidentes, han sufrido represarías que repercuten a su patrimonio, 11 de ellos expulsados de manera arbitraria.
A consecuencia de ello han sido afectados en sus ingresos, sufriendo represiones y han perdido el sustento, en este proceso han encontrado diversas anomalías por las cuales han iniciado demandas civiles y penales.
La socia Sandra Pérez, mencionó que se siente muy decepcionada de todo lo acontecido en la empresa cuyo abuelo junto con otros socios fundó en 1930, manifiesta ser una persona de la tercera edad que ha hecho lo necesario para mantener el patrimonio que ha permanecido en su familia por tres generaciones, por lo cual pide que se den cuentas claras a los socios que no están de acuerdo con la venta de la Alianza de Camioneros.
Rompiendo en llanto, el señor de la tercera edad, Andrés Nieves Marín, se dirige a los medios exigiendo que R. le devuelva su patrimonio, refiere que no está pidiendo caridad y exige justicia!!
Los socios Juan Carlos Ancona Solís y René Antonio González Gómez, mencionaron que sus unidades les fueron retenidas dentro de la organización y hoy en día han sido desvalijadas dentro de las instalaciones de la misma.
Los socios piden la intervención de las autoridades, agilidad a sus trámites, ya que está de por medio su patrimonio y el trabajo que sustento de muchas familias.
Como es bien sabido la organización ADO está haciendo la compra de la Alianza de Camioneros, organización con una historia de 93 años.
En este sentido, los socios piden que los representantes del grupo ADO los atiendan para clarificar la información relacionada con la compra de la Alianza de camioneros, puesto que desconocen las negociaciones que corresponden a la organización de la cual son parte.
Claudia Ramírez Ojeda mencionó y mostró la existencia de facturas emitidas a favor de camioneros aliados por más de 200mil pesos cada una por servicios de asesorías y emisión de actas de asambleas.
El licenciado Gabriel Ramayo Duarte mencionó cifras que se presenta en una asamblea en cuanto a la entrega de subsidios a la Alianza de Camiones, información que contrastada con la solicitada en el INAI presenta diferencias por $38,472,546 pesos, esta cantidad en tan solo el apoyo al gasto familiar. De igual forma señalaron un supuesto préstamo de 30 millones de pesos realizado por el IMDUT que se ha cobrado a los socios y al solicitar la información al INAI esta información es desmentida, señalando que no realizan préstamos.
Los socios piden cuentas claras, justicia y transparencia, lamentan que en la actualidad sigan presentándose represiones, amenazas y anticiparon un monopolio en Yucatán en la industria del transporte.
