El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma al Artículo 21 de la Constitución que dota a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, de mayores facultades con el objetivo, según se dice, “de mejorar la estrategia de seguridad pública”. De tal forma, se dota de mayores facultades de investigación, inteligencia y control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dicha reforma deberá ser aprobada por el Congreso de Yucatán en fecha aún por determinar pero se espera que sea pronto en consonancia con las recientes reformas federales enviadas al legislativo estatal.
Los diputados de Morena aprobaron por unanimidad dicha reforma en materia de seguridad, que según prometieron “garantizará la coordinación entre instituciones y reforzará la investigación con el fin de prevenir y erradicar la inseguridad”. Otra de las más relevantes es la ampliación del catálogo de delitos graves, que incluye la prisión preventiva oficiosa en casos de defraudación fiscal, aunque se dice que se buscará hacer modificaciones para que no haya abusos. Entre los delitos que incluyen prisión preventiva oficiosa se cuentan el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada y extorsión.
Asimismo, se informó que Ricardo Monreal anunció que Morena y aliados impulsarán una “reforma fiscal profunda para una distribución más justa de la riqueza”. Además, aprobaron ampliar delitos con prisión preventiva, incluyendo extorsión y tráfico de fentanilo.
La reforma citada fue enviada el pasado 2 de noviembre por la Presidenta de la República: se establece que el proyecto de reforma tiene como objetivo fortalecer a la SSPC para, de ese modo, ayudar a “consolidar la estrategia de seguridad pública y de protección a la población, así como robustecer el combate a la delincuencia y la reducción de la criminalidad”.
Según se justifica, la intención de reformar al artículo constitucional en cuestión es que la SSPC pueda coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de delitos y la ejecución de órdenes de aprehensión, siguiendo indicaciones del Ministerio Público Federal.
El proyecto también señala que se buscará dar facultades a los agentes de la SSPC para que estos puedan “investigar y desarrollar información estratégica y de inteligencia en materia de seguridad pública”, además de mantenerse en coordinación con la FGR y otras corporaciones de seguridad del país.
Se determina que la investigación de los delitos corresponderá además del Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia.
Puntualiza que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo.
Además, el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, realizar acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Establece que la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, auxiliará a la persona presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional; le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley.
Podrá coordinar acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información de que dispongan o recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.
