En el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” exhortó al Estado mexicano a instrumentar acciones urgentes para detener la criminalización de quienes defienden derechos humanos en el país.
El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, expresó que, “la criminalización de estas personas, incluidos periodistas, representa un ataque a los principios fundamentales de la democracia; más aún cuando los perpetradores son funcionarios públicos”.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que este tipo de prácticas incluyen cargos penales infundados, la aplicación arbitraria de leyes ambiguas; represión y, en algunos casos, de las mismas autoridades policiales y militares en contra de las personas de la sociedad civil, de manera particular, aquellas que integran grupos vulnerables, como indígenas, adultos mayores o periodistas.
El también doctor en derecho explicó que, el uso de medidas cautelares como la detención preventiva o la prohibición de salida del país, buscan intimidar y obstaculizar el trabajo de quienes defienden derechos humanos, como el trabajo de decenas de madres buscadoras, que se han organizado por sus propios medios para realizar acciones para localizar a sus familiares y conocidos.
“El fenómeno no se limita al ámbito jurídico, ya que va acompañado de campañas de desprestigio que generan un clima de hostilidad hacia las personas defensoras, incluso, desde el atril presidencial. En muchos casos, esta situación deriva en el debilitamiento del tejido social y el exilio de quienes enfrentan persecuciones, como los casos de auto-exilio de los periodistas José Elías Gutiérrez Vivó durante la administración de Felipe Calderón; y el de Humberto Padgett en meses recientes, entre muchos comunicadores más que se encuentran en esta condición”, recordó.
El defensor del pueblo, Jesús Rey abundó en aquellas agresiones dirigidas a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. “Estos colectivos se enfrentan a presiones significativas por parte de autoridades y actores privados interesados en proyectos extractivos.
“Estas prácticas buscan despojar a comunidades indígenas de territorios ancestrales y recursos naturales. La resistencia de las comunidades ante estas amenazas ha generado confrontaciones legales y sociales que los gobiernos -federal y locales- no han resuelto adecuadamente.
Además, Fierro Hernández, quien también preside el Consejo de Administración del Bufette “BJF y Asociados” explicó que la criminalización tiene efectos diferenciados en mujeres defensoras de derechos humanos, según los organismos internacionales. Estas mujeres enfrentan no sólo agresiones directas, sino también amenazas a sus familias, lo que incrementa el nivel de presión y vulnerabilidad.
“Por si esto fuera poco, el abogado litigante enfatizó los altos índices de violencia que se vive, hoy en día, en diversas partes del país, situación que refleja la inacción estatal en el mejor de los casos, en el peor, incluso, la complicidad de ellas”, expuso.
“Es urgente que el Estado mexicano adopte medidas integrales para erradicar la violencia estructural. De no proteger a las personas defensoras, la situación equivale a vulnerar el tejido democrático de la región en el país”, dijo Fierro Hernández.
