Según acusaciones de algunos habitantes de Telchaquillo ayer se realizó en medio de numerosas irregularidades la asamblea ejidal para aprobar un convenio con el INAH y liberar la zona arqueológica de Mayapán, cerrada desde hace más de un año. Habitantes y ejidatarios inconformes acusaron a la titular del Centro Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Anna Goycoolea Artís, y al comisario ejidal de Telchaquillo, comisaría de Tecoh, Rusel Gregorio García, de haber maniobrado para que la asamblea les fuera propicia a través de irregularidades. Según dijeron, durante la asamblea, acudieron personas ajenas a la comunidad a votar, e incluso, “votaron los ausentes y hasta seis fallecidos”.
Con dicha justificación, integrantes de la Comunidad de Telchaquillo dijeron que impugnarán la asamblea, a la que calificaron de ilegal. De tal manera, a través de dicha asamblea ejidal se autorizó la ocupación previa en un intento por expropiar Mayapán a cambio de 8 millones de pesos. Cabe recordar que la zona arqueológica de Mayapán fue tomada y cerrado el acceso al sitio desde el 7 de noviembre de 2023.
Los ejidatarios que se oponen a la expropiación convenida acusaron que “el comisario entregó 300 pesos a personas originarias de la comunidad que habrían perdido sus derechos ejidales al irse a vivir a Mérida, Cancún y Cozumel, para que votaran a favor de la propuesta de la dependencia federal, y así lograr una mayoría artificial”.
Asimismo, acusaron que “personas que no acudieron a la asamblea así como seis fallecidos dijeron presente durante el pase de lista: tal el caso de María Tránsito Várguez Pacheco y Catalino Várguez Mena, ambos ya occisos”.
Incluso, antes de que estuviera redactada el acta de la asamblea, se pidió a los presentes que firmaran unas hojas en blanco, con el pretexto de confirmar su asistencia.
También, aseguraron, tuvieron lugar “actos de discriminación de parte de funcionarios de la Procuraduría Agraria y del INAH”. De tal manera por todas “estas irregularidades, la Comunidad de Telchaquillo impugnará la asamblea ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034, con sede en Mérida”.
MÁS ACUSACIONES
También insistieron que “de forma rápida, sin el sonido adecuado, sin el entendimiento de todos los ejidatarios, que en su mayoría son personas de avanzada edad, se leyó el acuerdo presentado con un proyector. Se negó la respuesta a múltiples preguntas sobre el acuerdo y se confirmó que la comunidad no tiene oportunidad de cambiar ni siquiera un punto o coma del mismo”.
En el evento se denunciaron las irregularidades, pero los funcionarios de la Procuraduría Agraria decidieron continuar con la asamblea, en lugar de cancelarla por falta de condiciones.
Cabe mencionar que ejidatarios y pobladores de Telchaquillo han propuesto al INAH una coadministración del sitio respetando la labor arqueológica del INAH pero que también sea respetado el derecho al territorio de la comunidad y del ejido.
Por otra parte, el pasado sábado 14 se informó que el Tribunal Unitario Agrario No 34 admitió la demanda con expediente 1747/2024; dicha demanda fue promovida por la comunidad de Telchaquillo contra el INAH y sus representantes: Diego Prieto Hernández como director nacional y Ana Goycoolea Artis, titular de la delegación Yucatán.
La comunidad de Telchaquillo demandó al INAH la indemnización por los casi 40 años de ocupación sin el consentimiento del ejido o la comunidad.
EL INAH PRESIONA, DICEN
En éste confuso contexto de enfrentamiento entre grupos de habitantes y ejidatarios, también propiciado por el INAH, debido a que los presiona para que firmen un acuerdo de ocupación previa para la expropiación del sitio arqueológico, el cual se encuentra en tierras de la comunidad, se desarrolló la asamblea ejidal.
El pasado 6 de agosto se entregó al INAH un acuerdo comunitario para solicitar, entre otras cosas, el reporte de ingresos de Mayapán durante los 40 años que el INAH lo ha administrado.
Asimismo, se demandó al comisariado ejidal “por la realización de asambleas apócrifas y documentación ilegal para facilitar la expropiación de Mayapán en contra de la decisión de la asamblea comunitaria”.
Según afirman, aunque “la mayoría de la comunidad está en contra de la expropiación, se han servido de manipulación de procedimientos, documentos, presiones y amenazas para imponer la ocupación previa, por lo que la demanda fue oficialmente promovida por 34 ejidatarios”.
La demanda solicita el pago de una indemnización por la ocupación y explotación de 40 años de Mayapán, sin el consentimiento libre previo e informado de la comunidad ni acuerdo de ocupación, la nulidad de actas de asamblea anteriores, realizadas ilegalmente, y la convocatoria legal de la asamblea para la remoción del comisariado del sitio arqueológico.
