Luego de que a través de un medio desconocido en Yucatán el caso de la disputa legal por el hotel Mayaland fue mencionado en dos ocasiones en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (la que se comprometió a investigar el caso inclusive hablando con el gobernador del estado, Huacho Díaz Mena), representantes legales de Inmobiliaria R4 acusaron al ex propietario de dicho hotel, Fernando Barbachano Herrero, de orquestar “una campaña mediática basada en falsedades”.
En efecto, en los primeros días de enero, por segunda ocasión, fue presentado en la Mañanera el caso de la disputa legal por el hotel Mayaland Chichén Itzá como un caso de “despojo por personas armadas”. El caso fue expuesto en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum sin mencionar el nombre del presunto despojado y afirmando que se trata de un caso con “graves irregularidades y omisiones por parte de las autoridades locales de Yucatán”, pero sin presentar mayores pruebas en lo que evidenció el intento por involucrar a la presidenta en dicho conflicto entre empresarios.
En entrevista con diversos medios en la Ciudad de México, entre ellos Excelsior, los abogados de la Inmobiliaria R4 (compradora del hotel Mayaland) afirmaron que “tras múltiples resoluciones judiciales adversas en el caso del hotel Mayaland de Chichén Itzá, se ha orquestado una campaña de difamación. Los abogados de R4 presentaron un acta de entrega administrativa, firmada el 27 de octubre de 2024, donde Barbachano, a través de un representante, entregó oficialmente las instalaciones del hotel, para respaldar sus dichos. Este documento, según los abogados, demuestra que la inmobiliaria actuó conforme a la ley, mientras que Barbachano ha intentado anular el contrato fuera de los tribunales y retener los pagos recibidos, según aseguraron.
Los abogados de la inmobiliaria Mario Antonio Matos López y Alicia Maldonado Peniche, dijeron en las entrevistas en la Capital de la República que “los tribunales federales han declarado improcedentes todos los recursos interpuestos por Barbachano, mientras que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ordenó el aseguramiento del inmueble tras aceptar una denuncia por fraude y despojo contra el empresario, quien incluso llegó a enfrentar una orden de aprehensión”.
Asimismo, dijeron que “el conflicto se originó en 2020, cuando Barbachano Herrero acordó vender el hotel a Inmobiliaria R4 mediante un esquema de pagos. Sin embargo, tras recibir el segundo anticipo, Barbachano interrumpió toda comunicación y amenazó con rescindir la operación. Según reveló en enero de 2024, su cambio de postura fue motivado por el arrepentimiento al observar que la pandemia no se prolongó como inicialmente previó”.
“Barbachano ha intentado politizar un asunto entre particulares y ejercer presión sobre las autoridades con fines ajenos a la justicia. Nuestra defensa continuará apegada al estado de Derecho, respetando las decisiones de los tribunales federales, de Quintana Roo y de Yucatán”, declararon los abogados.
Por último, Inmobiliaria R4 reiteró su confianza en que las autoridades actuarán con imparcialidad frente a lo que calificaron como campañas de desprestigio, presión y chantaje. “Seguiremos firmes en nuestra postura legal para garantizar el cumplimiento del contrato pactado”, concluyeron.
Cabe señalar, por último, que en las dos conferencias mañaneras con Claudia Sheinbaum la representante de un medio sin presencia en Yucatán expuso “presuntos actos de corrupción, omisiones y abuso de poder relacionados con el conflicto que actualmente es analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por la deficiencia en la impartición de justicia”.
También se pretendió involucrar al Fiscal General de Yucatán, al exgobernador Mauricio Vila Dosal (actual senador), a la juez interina Iliana Álvarez de la Cruz en el “presunto despojo del hotel”.
