A través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) pidió al Ayuntamiento de Hocabá no decretar toque de queda para menores de edad en el municipio. La CODHEY, asimismo, “reconoce la buena voluntad del Ayuntamiento de Hocabá en la implementación de acciones para la prevención de la violencia y los delitos, en cumplimiento del bloque de constitucionalidad mexicano en relación con el derecho humano a la seguridad pública, como dio a conocer en un comunicado publicado en sus redes sociales institucionales”.
Cabe señalar que funcionarios del municipio de Hocabá han aclarado que no se trata de un toque de queda, sino de una medida preventiva para que los menores de edad no se queden fuera de casa a altas horas de la noche”. También lo justifican por los tres accidentes en motocicleta, lo que ha generado la necesidad de evitar que estos sucesos sigan ocurriendo, según dicen. Así como por el consumo de drogas y alcohol.
No obstante, la CODHEY expresa su preocupación en cuanto a la disposición del comunicado, de fecha 13 de febrero de 2025, que a la letra dice:
“todos los niños menores de edad no podrán estar en las calles en el horario después de las 11:00 pm en adelante, estando en rondín de vigilancia, todo menor de edad que sea visto después del horario antes mencionado se les invitará a dirigirse a sus domicilios…” (sic).
Resaltamos la falta de seguridad jurídica y la posible limitación a libertades fundamentales establecidas en nuestra Constitución y en el Pacto de San José, porque, a pesar de la intención de fundamentar su comunicado en el Bando de Policía y Buen Gobierno municipal, se rebasa el marco y procedimiento jurídico establecido en México respecto a la suspensión o limitación de derechos humanos y libertades fundamentales, específicamente la seguridad jurídica y la libertad de tránsito.
Por lo que esta Comisión emitió una medida cautelar solicitando a la autoridad municipal abstenerse del punto antes citado.
Esto, bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como un impedimento para la aplicación de faltas administrativas por infracciones reglamentarías en materia de vialidad.
Conociendo la buena fe, voluntad e intención del Ayuntamiento de Hocabá en cuanto a la garantía de los derechos humanos de sus habitantes, invitamos a la autoridad a que considere lo siguiente:
1. Sentar las bases organizativas con diversas dependencias del Gobierno Local— por ejemplo, con el Centro de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY) y la Secretaría de las Mujeres, entre otras— para diseñar un plan de trabajo sólido para la prevención del delito y la violencia desde diversos enfoques como la educación, reapropiación de espacios públicos, artísticos y culturales, así como prevención del uso problemático de las drogas.
2. Reestructurar su narrativa para la prevención de estigmas contra niñas, niños y adolescentes, por lo que, en adelante a esta notificación, omitan el uso del término «menor/menores» en atención a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Yucatán y la Convención sobre los Derechos del Niño.
3. Acercarse a esta Comisión para el diseño e implementación de procesos educativos y preventivos en relación con los derechos humanos, igualdad y no discriminación.
Finalmente, reconocemos la válida preocupación del Ayuntamiento ante los eventos recientes ocurridos en todo México en relación con la violencia y uso problemático de drogas, y por ello, exhortamos a la autoridad a generar una política pública que atienda de manera estructural las problemáticas sociales.
Conociendo de esa voluntad, le recordamos que esta Comisión tiene sus puertas abiertas para la prevención de la violencia y las violaciones a derechos humanos dentro de un marco jurídico que beneficia a todas las personas sin distinción alguna.
