Habitantes de Telchaquillo, comisaría de Tecoh, detuvieron las obras que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza en Mayapán, zona arqueológica que permanece cerrada desde hace un año y cuatro meses.
Asimismo, reprobaron la desidia del Centro INAH-Yucatán, la Procuraduría Agraria y del comisario ejidal Rusel Gregorio García, ya que ayer, domingo 23, no acudieron a la asamblea prevista en Telchaquillo.
Por tal motivo, los inconformes acudieron a Mayapán para detener los trabajos que ahí se realizan, tal el caso de un baño, adoquines, y una construcción, al parecer el Centro de Atención a Visitantes (Catvis), todas ellas, justo a la entrada del sitio.
Los manifestantes expresaron que obras se efectúan sin el consentimiento de la población, a pesar de los acuerdos y del proceso legal.
El próximo viernes 28, a las 13:00 horas, en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034, con sede en Mérida, se efectuará la audiencia correspondiente a la denuncia número 1747/2024 ante en contra del comisario ejidal, Rusel Gregorio García, ante las arbitrariedades cometidas durante la convocatoria de la respectiva asamblea ejidal, entre otras violaciones cometidas en contra de los derechos indígenas y agrarios.
En Telchaquillo hay 287 ejidatarios, de los cuales, más de 160 están en contra de la expropiación convenida del INAH.
Como oportunamente se publicó, el 7 de noviembre de 2023, los inconformes bloquearon el acceso al sitio, al día siguiente, la directora del Centro INAH-Yucatán, Anna Goycoolea Artís, tuvo una reunión con ellos. Posteriormente, el 17 del mismo mes, Prieto Hernández, anunció que se reunirá con los ejidatarios de Telchaquillo.
Tras la toma del sitio, el INAH atendió la solicitud y se efectuó un requerimiento al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabi) para determinar el monto a otorgar.
Mientras se efectuaba la respectiva labor del Indabi, los pobladores se organizaron para efectuar los respectivos trámites ante la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN).
El 6 de diciembre de 2023, a Mayapán acudieron los topógrafos de la Procuraduría Agraria (PA) para medir las cerca de 14 hectáreas del terreno ejidal sobre el cual está el núcleo central de esta zona arqueológica.
Aunque el sitio tiene una muralla circular de nueve kilómetros de radio, los manifestantes afirman que la extensión de los terrenos ejidales sobre los cuales está la zona de monumentos arqueológicos es de 14 hectáreas.
El 19 de enero de 2024. Prieto Hernández, presidió una reunión con los ejidatarios, con quienes se comprometió a pagarles una indemnización como la expropiación de los terrenos de Mayapán, para la pronta reapertura de la zona arqueológica.
También propuso la construcción de un domo en la cabecera de la comisaría, así como conseguir recursos para la restauración de la iglesia de Telchaquillo, la construcción de un museo, así como la promoción turística del lugar y de la zona de monumentos arqueológicos.
Incluso, anunció “una pronta reunión, en los próximos días, en el Centro INAH-Yucatán, para definir los detalles de los primeros acuerdos”, pero hasta el momento no hay fecha alguna
Una vez más, el 25 de febrero, Prieto Hernández ordenó a funcionarios del Centro INAH-Yucatán a que acudieran a la asamblea de los ejidatarios de Telchaquillo, comisaría de Tecoh, la cual resultó infructuosa, pues la dependencia federal presentó las mismas propuestas y rechazó las solicitudes de los pobladores.
Luego, el 4 de marzo de 2024, Prieto Hernández acudió a Telchaquillo, pero en ningún momento se estableció acuerdo alguno con los ejidatarios.
De acuerdo con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), el área vendible del terreno agropecuario con influencia urbana zona arqueológica de Mayapán es 144 mil 125.028 metros cuadrados, cuyo valor comercial a nivel consultoría conclusivo es de nueve millones 896 mil pesos.
Con base a la solicitud 2024-4129, secuencial 04-24-1124 y genérico G-38576-1-ZND de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el valor unitario por metro cuadrado fue de 68.66 pesos. Por ende, cada uno de los 287 ejidatarios recibiría del gobierno federal, en caso de aceptar, un monto equitativo por 34 mil 480.83 pesos.
