Cristóbal Paulino Fernández Viamonte, ciudadano cubano-mexicano señalado como presunto cabecilla de una red dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres colombianas en la Península de Yucatán, fue extraditado a México por el gobierno de Colombia y ya se encuentra a disposición de las autoridades judiciales en Mérida.
En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y el Gobierno de la República de Colombia, la Fiscalía General de la República (FGR), recibió en extradición a una persona de nacionalidad mexicana y cubana, requerida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Yucatán, por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas agravado y explotación sexual agravado.
Cristóbal “F”, junto con otras personas, mediante engaños, convencieron a mujeres colombianas para trabajar como meseras en diferentes bares de su propiedad, ubicados en Mérida, Yucatán; prometiéndoles un sueldo bien remunerado. El reclamado pagó el viaje de las víctimas a México. Una vez en nuestro país, las mujeres fueron explotadas sexualmente, mantenidas bajo vigilancia y amenazadas con hacerles daño si intentaban escapar.
Posteriormente, tras las gestiones de la FGR, el Gobierno colombiano concedió la extradición del reclamado al Gobierno de México.
Su entrega se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para ser puesto a disposición de la autoridad judicial mexicana que lo solicita.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Fernández Viamonte fue entregado por las autoridades colombianas el pasado 21 de marzo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Posteriormente, fue trasladado a la capital yucateca para ser presentado ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, donde enfrentará cargos por los delitos de trata de personas agravada y explotación sexual agravada.
De acuerdo con la FGR, el imputado operaba una red que, bajo engaños, reclutaba a mujeres en distintas ciudades de Colombia con la promesa de empleos como meseras en bares de su propiedad ubicados en Mérida. A las víctimas se les ofrecía un buen salario y condiciones laborales favorables, pero al llegar a México eran forzadas a ejercer la prostitución.
Según las investigaciones, el acusado cubría los gastos del traslado de las mujeres desde Colombia y, una vez en el país, las mantenía bajo estricta vigilancia y amenazas. Las víctimas eran controladas con intimidaciones para evitar que escaparan o denunciaran la situación de abuso en la que se encontraban.
Cristóbal Fernández fue detenido en Medellín el 10 de julio de 2024, ciudad donde residía desde hacía cuatro años. Su captura se realizó con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el gobierno mexicano, como parte de una investigación transnacional contra la trata de personas.
La Policía colombiana también confirmó que el acusado reclutaba principalmente a mujeres jóvenes y de escasos recursos provenientes de Bogotá, Medellín y el Valle del Cauca, quienes eran trasladadas a Cancún y Mérida para ser explotadas sexualmente en una red que ya está bajo el escrutinio de las autoridades mexicanas.
