Chocholá, Yucatán. – Una decisión judicial emitida recientemente por el juez sexto de distrito, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, ha generado profunda alarma entre ejidatarios, ambientalistas y habitantes del municipio de Chocholá. El juez ordenó la suspensión de la ejecución de la sentencia mediante la concesión de una suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto 1025/2025. En dicha resolución, instruyó a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario suspender la ejecución del fallo que devolvía más de 600 hectáreas.
Esta superficie no solo representa tierras productivas; forma parte de una zona ambientalmente sensible, ubicada dentro del Anillo de Cenotes, un sistema natural de gran valor ecológico, hidrológico y cultural. La región ha sido catalogada como reserva geohidrológica estatal y reconocida internacionalmente por la Convención Ramsar, lo que subraya su relevancia en la conservación del agua subterránea, la biodiversidad y el equilibrio climático del estado.
Irregularidades y omisiones preocupantes
El fallo del juez Ruiz del Hoyo Chávez ha sido criticado no solo por sus implicaciones, sino también por el contexto en el que se dio. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la resolución fue otorgada sin un análisis exhaustivo del expediente, y bajo el argumento de que “no se advierte una afectación al orden público”, una afirmación que contradice el impacto social, agrario y ecológico del conflicto.
Aún más cuestionable resulta el hecho de que el juez impuso una garantía de solo $1,000 pesos a la parte que solicitó la suspensión. Esta cantidad irrisoria, en contraste con la magnitud de los intereses afectados, ha sido interpretada por los ejidatarios como una señal de negligencia judicial o incluso colusión con intereses particulares que pretenden apropiarse de las tierras bajo mecanismos irregulares.
Un conflicto que trasciende lo agrario
Las más de 600 hectáreas en disputa contienen selva baja caducifolia, cenotes y cuerpos de agua vitales para la recarga del acuífero y la biodiversidad local. Los pobladores y ejidatarios advierten que la entrega de estos terrenos a particulares no solo representa un despojo del patrimonio comunitario, sino también una amenaza directa a los ecosistemas, con consecuencias irreversibles para la región.
“Esta no es una lucha únicamente por tierras; es por el agua, el clima, la vida. Si se destruyen estos ecosistemas, no solo pierden los ejidatarios, pierde todo Yucatán”, expresaron durante una reciente asamblea comunitaria.
La zona también alberga flora y fauna protegida, así como cenotes y aguadas que forman parte de los corredores ecológicos que alimentan al sistema hídrico subterráneo del estado. Diversos estudios científicos han advertido que cualquier intervención no regulada podría alterar la calidad y cantidad del agua disponible en la región.
Una fecha clave: 2 de junio
Como si lo anterior no fuera suficiente, el juez ha programado la audiencia incidental del caso para el 2 de junio de 2025 a las 10:02 horas, justo un día después de la elección nacional de jueces y magistrados. En esta audiencia se determinará si se concede la suspensión definitiva de la ejecución de la sentencia agraria que restituye las tierras a los ejidatarios de Chocholá.
Esta coincidencia ha sido vista con profunda suspicacia por los pobladores y ejidatarios, quienes temen que se pretenda aprovechar el contexto electoral para tomar decisiones controvertidas que favorezcan intereses particulares y queden fuera del escrutinio público. La población exige que se vigile de cerca esta audiencia, pues está en juego no solo la justicia agraria, sino la protección de un ecosistema vital.
Llamado urgente a la acción
Ante la gravedad de esta situación, los pobladores y ejidatarios hacen un llamado urgente a la sociedad civil, organizaciones ambientales, medios de comunicación y autoridades federales y estatales para que vigilen de cerca el desarrollo del caso y eviten que decisiones judiciales cuestionables sirvan para consumar el despojo de tierras y la destrucción de un ecosistema vital.
El actuar del juez sexto de distrito Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez —quien con irregularidades y omisiones otorgó una suspensión provisional con una garantía mínima, sin un análisis adecuado del expediente y negando la afectación al orden público— evidencia que, en ocasiones, quienes deben impartir justicia terminan sirviendo a intereses particulares y no al pueblo.
Por ello, es fundamental que la población esté alerta y exija transparencia y responsabilidad a los órganos judiciales, pues la justicia debe proteger los derechos colectivos y preservar el patrimonio natural, no convertirse en cómplice del despojo y la destrucción ambiental.
En consecuencia, se evalúa presentar quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal y recursos legales adicionales para revertir esta suspensión y defender el derecho colectivo a la tierra, al agua y al medio ambiente.
“Los jueces deben servir a la justicia, no a intereses privados. No podemos permitir que un fallo opaco ponga en riesgo la vida de un ecosistema y de toda una comunidad”, concluyeron los afectados.
