El Gobierno del Estado presentó ante el Congreso local dos iniciativas orientadas a armonizar el marco normativo estatal en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
El Consejero Jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz, entregó este día en la sede del Poder Legislativo la documentación correspondiente para proponer la expedición de una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
También se presentó una iniciativa para reformar el Código de la Administración Pública del Estado, que permitiría la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, según la información oficial.
Ambas leyes tienen como propósito fundamental garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales de la ciudadanía, en concordancia con los principios establecidos en la legislación federal.
La primera iniciativa contempla retomar la rectoría estatal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, mediante la extinción del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, devolviendo estas atribuciones a cada uno de los sujetos obligados a nivel local.
“Estas leyes establecerán las bases, principios y procedimientos para que todas las autoridades de los tres poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, ayuntamientos, e incluso personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos o funciones de autoridad, cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales, tanto en el ámbito estatal como municipal” explicó Alemañy Ortiz.
“La finalidad es que todas las personas tengan garantizado el derecho de acceder a información pública y que sus datos personales estén debidamente protegidos, sin importar qué autoridad u organismo los posea”, agregó el funcionario estatal.
Explicó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la dependencia encargada de garantizar el derecho a la transparencia y tendrá la atribución de investigar las conductas de las personas servidoras públicas de la administración pública estatal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como de substanciar procedimientos e imponer o solicitar medidas cautelares, conforme a la legislación aplicable, entre otras funciones.
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