El Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que se analiza una reforma constitucional ante casos de pensiones millonarias de exfuncionarios del periodo neoliberal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), que en algunos casos rebasan, incluso, el sueldo neto de la Jefa del Ejecutivo Federal, según se informó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que las pensiones millonarias otorgadas durante el periodo neoliberal resultan ofensivas para el pueblo de México, ya que son recursos del erario, por ello, informó, que los exfuncionarios que reciben pensiones millonarias pueden acercarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para llegar a un acuerdo voluntario con el fin de recibir una pensión modesta.
“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México, un millón de pesos, imagínense, mensuales y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidada por Calderón, que quedaron en el abandono, mientras otros están recibiendo pensiones millonarias. Tanto Luz y Fuerza, como el caso de Pemex, estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de exfuncionarios de todo el periodo neoliberal”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que, de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), actualmente se paga un monto anual de 28 mil 074 millones de pesos a 14 mil 73 extrabajadores que reciben pensiones de los cuales 9 mil 457 (67%) reciben entre 100 mil a 1 millón de pesos (mdp), de ellos, 3 mil 504 tienen una jubilación superior al sueldo neto de la Presidenta de México.
En el caso de Pemex, detalló que se paga un monto anual de 24 mil 844 mdp a un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas, de la cuales 544 reciben más que las percepciones de la Jefa del Ejecutivo Federal por 1 millón 827 mdp; y 618 casos cuya pensión es mayor al monto anual bruto de las percepciones del director general de Pemex.
Por ello, anunció que se han iniciado mesas de trabajo con la participación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el IMSS, el ISSSTE, el INDEP, Pemex, CFE, la SHCP y Buen Gobierno para revisar la legalidad de este tipo de pensiones, además se emitirá una circular para normar los requisitos de pase de supervivencia de manera coordinada con las dependencias y las entidades que son responsables de los casos de jubilación.
También se firmarán convenios de colaboración institucionales con Renapo y registros civiles, a fin de actualizar lo más ágilmente todos esos padrones de pensión, se emitirá un oficio regular para homologar la integración de los expedientes, además, paralelamente se realiza una revisión jurídica y constitucional para mejorar el intercambio de información con las autoridades estatales para tener una mejor actualización del padrón de los pensionados.
Respecto a la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se presentó ante el Tribunal de Distrito en Texas el 11 de agosto de 2025 y en la que se involucra a dos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno puntualizó que, por parte del Gobierno mexicano, hay cero impunidad ante sobornos a exfuncionarios de Pemex e informó que la empresa pública del Estado tuvo conocimiento de las investigaciones desde el 3 de abril de 2024. No obstante, Pemex realizó, desde 2020, acciones preventivas y de sanción mucho antes de que hubiera una investigación de Estados Unidos.
“Es importante destacar que, de estas dos personas, Ramón Alexandro Rovirosa siempre ha sido una persona que se ha dedicado al sector privado; Mario Alberto Ávila Lizárraga trabajó en administraciones anteriores al Presidente López Obrador, en gobiernos previos como funcionario de Pemex, incluso en Pemex se le inhabilitó por estar vinculado a proyectos y favorecer contratos de Oceanografía”, agregó.
Detalló que de cuatro contratos que son investigados: dos de ellos se firmaron en las administraciones previas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y concluyeron en 2020; otro inició en 2020, pero en el proceso de asignación y licitación se hallaron irregularidades, se canceló y no fue adjudicado el contrato; y el otro contrato se investigó y se concluyó anticipadamente. Adicionalmente, Pemex inició cinco auditorías.
