La aduana del Puerto de Progreso se encuentra entre las aduanas de puertos del país sospechosas de ser puertos francos para el huachicol fiscal. Un reportaje del diario español El País del periodista Carlos Carabaña señala que las importaciones atípicas de aceites lubricantes se registraron en al menos 21 aduanas en Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Sinaloa, Coahuila y Yucatán.
En dichos puertos y aduanas, dice El Paaís, se registraron también incrementos inexplicables en la importación del aditivo. Una investigación periodística realizada por el diario El País de España, reveló que la aduana de Yucatán al igual que otras 20, presentan irregularidades en el manejo de combustibles.
De hecho, en lo que va del año, en Yucatán se ha descubierto tres predios donde se almacenaba huachicol o huachicol fiscal -no se ha especificado- en lo que va del año. Además en Yucatán hay un largo historial de robo de combustible impune en el Estado con el estallido en al menos un par de ocasiones de ductos de Pemex y del descubrimiento de tomas clandestinas, como hemos informado puntualmente en Infolliteras.com.


Hay 21 aduanas en 13 Estados por todo México sospechosas de contrabando de combustible. La Agencia Nacional de Aduanas registra, entre 2021 y 2022, un crecimiento ilógico y desmesurado de las importaciones de aceites lubricantes, una mercancía que, como documentos del propio Gobierno explican, se usa como disfraz para introducir en el país gasolina y diésel sin pagar los impuestos correspondientes. Una base de datos, elaborada con datos oficiales, dibuja el retrato de cómo estas importaciones pasaron de 5.500 y 3.000 millones de litros en 2019 y 2020 hasta los 18.200 y los 14.700 millones de litros en los dos años posteriores. Es un exceso de casi 27.000 millones de litros, equivalente a unos 2.700 barcos petroleros. Esto eleva el potencial daño a la Hacienda pública a 120.000 millones de pesos, unos 6.000 millones de dólares.


El contrabando de combustibles se ha vuelto un tema central en México desde el 7 de septiembre, cuando las autoridades anunciaron la detención de 14 personas, entre ellas varios marinos de alto rango. Ha sido, por el momento, el mayor golpe a la corrupción en la Administración de Claudia Sheinbaum. La red está integrada por fuerzas armadas, funcionarios públicos y empresarios. Sus líderes son los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, con rango de vicealmirante y contraalmirante, sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). A los Farías Laguna se les acusa de usar su influencia para que gente de su confianza acabara en puestos clave de aduanas y así estos permitieran la entrada del combustible sin tributar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).


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