El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votó en contra de la controversia constitucional promovida por la actual administración municipal el 16 de diciembre de 2024, luego de que el Congreso de Yucatán rechazó la Ley de Hacienda de Mérida para 2025, especialmente la actualización de los valores catastrales. El motivo principal del Ayuntamiento para proponer esa controversia constitucional según dijo la alcaldesa, era proteger la autonomía municipal y evitar una reducción de aproximadamente 100 millones de pesos en la recaudación del impuesto predial que se daría por la modificación de la ley por parte del Congreso. En su momento, el Congreso de Yucatán, mediante un dictamen aprobado por mayoría, justificó el rechazo a la actualización catastral del predial de Mérida argumentando que la propuesta no se ajustaba a criterios fiscales y de seguridad jurídica. La decisión del Congreso, explicó, permitiría que el pago del impuesto predial no aumente, beneficiando la economía de los ciudadanos, exceptuando la exención de condominios.
Bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional 11/2025, promovida por el Municipio de Mérida en contra del Congreso de Yucatán, relativa a las tablas de valores catastrales que sirven de base para el cobro del impuesto predial, en la Ley de Hacienda Municipal. Con ello, la nueva corte en un voto eminentemente político confirmó “la decisión del Congreso de Yucatán para que el costo del impuesto predial fuera razonable y no afectara de manera desproporcionada a las personas habitantes de Mérida. En ese sentido, validó el artículo 46 de la Ley de Hacienda de dicho municipio que contiene las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones”.
Según la SCJN “cualquier actualización de los costos debe estar debidamente justificada y derivar de mesas de análisis entre el Congreso local y municipio para que coincidan con criterios objetivos y equitativos que beneficien a la población en general”.
Como se recordará, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, presentó una controversia constitucional por la negativa del Congreso del Estado de actualizar los valores catastrales, como solicitó el Ayuntamiento de Mérida. En su momento, explicó la presidenta municipal indicó que, a diferencia del IVA, el predial es el impuesto más justo: “Tú cuando vas a la tienda y compras un refresco, el IVA que pagas es igual para cualquiera. En el caso del predial, no. Se evalúa la zona habitacional, el tipo de construcción, los metros construidos… Quiero que quede muy claro: es un impuesto que no le llega parejo a todos. No es igual para todos”.
Los integrantes del Pleno destacaron la necesidad de recomendar al órgano legislativo demandado desarrollar una metodología en la que, de manera conjunta con el Municipio, se analice el fenómeno del impacto social derivado del alto costo en la especulación urbana.
Durante la Semanera, su habitual rueda de prensa de cada lunes, la edil señaló que el manejo de la Hacienda municipal es facultad exclusiva del municipio y que se tiene que respetar la autonomía que garantiza el artículo 115 de la Constitución.
Asimismo, la alcaldesa había explicado que la negativa de actualización del predial afectará también la captación de ingresos para Mérida vía Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y tendrá un impacto negativo en las participaciones federales, pues ambos se basan y se calculan en cuanto al impuesto predial.
Debido a esta decisión del Congreso, el Ayuntamiento de Mérida dejaría de captar alrededor de 100 millones de pesos. No obstante, Cecilia Patrón destacó también que su administración establecerá paquetes de ahorro, amarrándose el cinturón, porque “la gente no quiere ver malgastado su dinero”.
Controversia Constitucional 11/2025, promovida por el Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicho Estado, demandando la invalidez del artículo 46 de la Ley de Hacienda del mencionado municipio, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 30 de diciembre de 2024, mediante Decreto 29/2024. Resuelto en sesión de Pleno el 23 de septiembre de 2025.
