Cartas a la Redacción, Comunicado de Defraudados de la empresa Inverco en Yucatán.- Integrantes del grupo Familias Unidas contra Inverco solicitarán a la recién electa presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Erika Beatriz Torres López, “rectifique y sancione actos de presunta corrupción y negligencia cometidos por la titular del Juzgado Tercero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Juliana Hortensia Soberanis Santana”, según dicen en un comunicado.
Según el abogado de los centenares de defraudados de Inverco en Yucatán, la jueza desechó la solicitud de Juicio Mercantil planteado en su sala el pasado 4 de septiembre, “en un notorio descuido e ineptitud judicial” que benefició a los socios de la compañía. Así lo informaron voceros del grupo de 200 defraudados por la empresa yucateca Inverco (Inversión Colectiva Inmobiliaria).
La resolución también violó disposiciones periciales de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFEPA) a favor de un primer grupo de 60 afectados por la compañía, según explicaron.
Por ello, anunciaron que el jueves 30 de octubre, a las 8:30 horas, realizarán actos de protesta, primero, frente a las oficinas de la magistrada Torres López en la sede del Tribunal Superior local (avenida Jacinto Canek # 90, zona Centro, Mérida), y posteriormente en el domicilio del Juzgado Tercero de lo Mercantil (Calle 35 # 62 y 62ª, zona Centro de Mérida).
Esto para repudiar el veredicto de Soberanis, “una fallida aspirante a ocupar este año el cargo de Magistrada Décima del Tribunal Superior de Justicia estatal y en contra de quien se presentó, en abril de 2022, un recurso de inconformidad ante el Consejo de la Judicatura por la presunta comisión de irregularidades en el ejercicio de su cargo en el Juzgado V de Oralidad Familiar”.
El 30 de octubre los manifestantes, en su inmensa mayoría mexicanos de la tercera edad que viven en varias ciudades del país y migrantes en el extranjero, a quienes INVERCO les estafó más de 150 millones de pesos, según dicen, pedirán a Erika Torres:
Un juicio mercantil justo, que se cumpla la ley, se respeten disposiciones de la Profeco, y ponga fin a la protección que juezas y jueces locales brindan a los integrantes del llamado “Cártel Inmobiliario de Mérida” que “involucra a oligarcas, políticos, funcionarios estatales, notarios públicos, extorsionadores y despojadores de tierras ejidales; así como a empresarios y asesores inmobiliarios; y, ahora, a miembros del poder judicial local”.
Afirmaron las víctimas de Inverco:
“Este cártel inmobiliario es protegido por exgobernadores y jueces locales que pasan por alto un hecho: la PROFECO ya dictaminó conforme a derecho la devolución de nuestro dinero, pero de manera ilegal la jueza Soberanis determina que nuestra demanda de juicio mercantil no procede”.
Agregaron que el día de su movilización buscarán dialogar con la presidenta del Tribunal Superior para exigir:
1.- Que reciba en audiencia a su representante legal, Jesús Othón Baca Cacho, y ordene revisar las actuaciones realizadas hasta hoy en el Juzgado Tercero Mercantil.
2.- Se vigile el deber de observancia de los principios y valores de imparcialidad, prevención de la corrupción, compromiso social, ejercicio adecuado del cargo, honradez, humanismo, objetividad legalidad y demás previstos en el Código de Ética Jurídica de Yucatán.
3.- Se realice una investigación al personal del Juzgado a fin de que se determine si existe alguna causal de impedimento, recusación y excusa para conocer del asunto por parte de la juez y sus empleados.
Estas demandas a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia las planteó por escrito, y con petición de audiencia, el abogado Baca Cacho, representante de los defraudados, quien a la fecha no recibe respuesta.
Dijo el abogado: “Es un notorio descuido e ineptitud judicial el no haber leído que en la hoja técnica de cada uno de los 60 dictámenes (la última hoja de cada dictamen), ¡PROFECO dispuso de forma expresa, literal e idéntica que la ejecución de cada documento prescribe al año de su emisión!
Consideró “arbitraria e ilegal” la acción de la jueza. Dijo que Soberanis actuó “con exceso en el tiempo de trámite” -12 días después de la fecha de asignación a su juzgado del juicio mercantil, el 4 de septiembre- para resolver si aceptaba o rechazaba el caso judicial planteado por sus representados.
El recurso legal aún está pendiente de acuerdo y remisión al tribunal de alzada para su revisión y resolución.
Finalmente, el licenciado Othón Baca enumeró a la magistrada Torres López las acciones legales que sus representados han emprendido para enfrentar a la empresa y combatir sus actos presuntamente ilícitos en el fallido fraccionamiento Pedregales de Misnebalám.
Estas incluyen:
A.- Más de 200 querellas ratificadas ante la Fiscalía General de Yucatán por fraude inmobiliario.
B.- Denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el delito de lavado de dinero para esclarecer el uso, aparición y destino de los recursos económicos pagados a la constructora por más de 150 millones de pesos.
C.- Atención por parte de la Presidencia de la República (Andrés Manuel López Obrador y posteriormente Claudia Sheinbaum Pardo) “a fin de que nos apoyen en direccionar el soporte a los fines de justicia que exige el asunto”.
D.- Vigilancia de la Secretaría de Gobernación “para transparentar los procesos legales, darles celeridad, velar por los derechos humanos, así como evitar cualquier acto de corrupción dentro de las autoridades locales del estado de Yucatán”.
E.- Aplicación por parte del gobernador Díaz Mena, quien dio instrucciones “para generar un acercamiento” de su administración con los afectados a fin de darles apoyo en su demanda de justicia.
