Sergio Oceransky, director de “Fundación Yansa”, informó la “suspensión definitiva emitida por el Juzgado Tercero de Distrito para el megaproyecto inmobiliario de Ciudad Maderas, en el municipio Progreso”.
Según explicó Oceransky “interpuso una denuncia en 2023 ante PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) por los impactos a la selva y los humedales costeros. No hubo ningún resultado, por lo que en 2025 interpuse otra denuncia ante la Fiscalía General de la República y al día siguiente PROFEPA me comunicó que cerraron su investigación y que el proyecto no presentaba ninguna irregularidad, pese a que la lectura de los informes evidencia irregularidades y graves omisiones. Interpuse una demanda de amparo contra el cierre de la carpeta por la PROFEPA y con base en los informes rendidos por PROFEPA y SEMARNAT presenté una ampliación de la demanda, logrando la suspensión definitiva del proyecto.
Esto significa que Ciudad Maderas no puede llevar a cabo ninguna actividad en terreno mientras dure el juicio, siendo PROFEPA y SEMARNAT responsables de asegurar que la empresa acate la orden.
Respondiendo a las preguntas de los periodistas presentes, explicó que las tierras eran ejidales de uso común y que fueron parceladas y privatizadas, pese a que la Ley Agraria declara nulo de pleno derecho el parcelamiento de tierras de uso común con selvas o bosques.
Señaló también que “personas de comunidades afectadas por Ciudad Maderas querían detener el proyecto pero no quisieron ser parte de la demanda por temor a represalias, por ese motivo la demanda solamente fue firmada por mí, pero responde a una preocupación fuerte por comunidades cercanas al desarrollo. Es comprensible que haya este temor pues vivimos bajo un sistema judicial desigual, en el que se protege a actores privados e intereses económicos poderosos cuando violan la ley, frente a estos intereses pareciera que las leyes están de adorno. Sin embargo se usa a la Fiscalía Estatal y a la PROFEPA para criminalizar a quienes defienden el territorio, medio ambiente y salud de la población, o incluso por organizar asambleas”.
En la conferencia de prensa, representantes comunitarios de Ixil, Kinchil, Santa María Chí, Dzitnup, Sisal y Molas, junto con Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa, dijeron que “si nos integran a la Zona Metropolitana de Mérida, estaría amenazada nuestra cultura y forma de vida. Las inmobiliarias comprarán barato y venderán caro, mientras nuestras raíces desaparecen”, advirtió Emanuel Chan, del Consejo Comunitario de Ixil, en una declaración que encendió los ánimos.
Por su parte, Peregrina Cutz celebró la suspensión del parque eólico de Chicxulub, denunciando las perforaciones ilegales y el riesgo ambiental en suelo costero. “No estamos en contra de las energías limpias, pero este proyecto no es para beneficio de Ixil ni de Yucatán”, sentenció.
La estocada final vino desde el Juzgado Tercero de Distrito: Ciudad Maderas queda paralizado tras denuncias por devastación ambiental y omisiones de las propias autoridades federales. “La PROFEPA y la SEMARNAT miraron hacia otro lado, pero el juez no”, afirmó Oceransky.
