De forma unánime empresarios de todas las cámaras empresariales de Yucatán agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial expresaron “su rechazo al incremento del impuesto sobre el empleo (ISN, impuesto a la nómina, propuesto por el gobierno estatal y en manos del Congreso de Yucatán). Durante conferencia de prensa en la sede de la Coparmex “hicieron un llamado respetuoso pero firme al Gobierno del Estado para abrir un espacio de diálogo real, con sustento técnico, con alternativas y con visión de largo plazo” ya que de aplicarse el aumento a dicho impuesto dijeron puede “dar lugar a ajustes a las estructuras de personal, afectando la capacidad de las empresas para mantener su plantilla laboral en el mediano plazo. Además, al encarecer el costo total del empleo, se limita el margen para mejorar salarios y prestaciones, reduciendo el poder adquisitivo real de las y los trabajadores”.
En la inédita reunión no vista en Yucatán en muchos años que agrupó a más de un centenar de los empresarios más influyentes de la entidad, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) convocó una conferencia de prensa, durante la cual reiteró que el impuesto impacta a cada persona contratada y cada salario pagado. Se actualiza el ISN de 3% a 3.75% bajo un esquema calificado como “justo y progresivo”.
Según dijeron, “el sector empresarial se enteró de esta propuesta de manera tardía, apenas unas horas antes de que el paquete fuera entregado al Congreso. No hubo mesas técnicas, ni análisis conjunto, ni participación del Consejo Consultivo del Presupuesto, que es el órgano formal para discutir estos temas. Este proceso, que siempre había sido colaborativo en años recientes, esta vez se tomó de manera unilateral y sin diálogo constructivo previo”.
Insistieron en que “este impuesto es un impuesto sobre el empleo, ya que no grava utilidades; grava directamente el trabajo formal. Cada persona contratada, cada salario pagado y cada nueva oportunidad laboral representa una obligación adicional”. Por eso, afirmaron, cuando se incrementa este impuesto, no se afecta a “las empresas”; se afecta a quienes trabajan en ellas.
“Las empresas medianas y grandes —que representan solo el 4% del padrón empresarial, pero generan el 66% del empleo formal de todo el estado— serían las más afectadas. Ese 4% no son los que “más pueden pagar”: son el motor que sostiene dos terceras partes del empleo formal en Yucatán. Si ese motor se desacelera, se desacelera Yucatán”.
En Yucatán, insistieron los empresarios, “cerca de 440 mil personas laboran en la formalidad. Y para dimensionar el impacto, incluso bajo el escenario más conservador —asumiendo que esos 440 mil empleos perciben únicamente el salario mínimo—, hoy las empresas pagan alrededor de $3.7 millones de pesos diarios por concepto de impuesto sobre el empleo, equivalentes, en una perspectiva anual, a $1,343 millones”.
“Con el incremento del 12% al salario mínimo en 2026 y con la nueva tasa del 3.75% aplicada sobre el 66% de los empleos formales, esa carga subiría a cerca de $4.8 millones diarios, lo que representa $1,753 millones al año. Es decir: más de $1.1 millones adicionales cada día y alrededor de $409 millones extra al año”.
E insistieron: “Para ponerlo en perspectiva: en 2025 el Estado proyectó $4,858 millones de pesos provenientes del impuesto sobre el empleo. Este gravamen, por sí solo, representa el 72% de toda la recaudación local propia. Detrás de cada peso que se recauda están las empresas sosteniendo empleos, proyectos de inversión y miles de familias que dependen del ingreso formal. Incrementar este impuesto de esta manera encarece el empleo, debilita la competitividad y presiona directamente la capacidad de crecimiento del estado”.
