En abril de 2025 catorce organizaciones dieron a conocer que conformaron una “Misión Civil de Observación” con el propósito de registrar y documentar las afectaciones e impactos tempranos de la construcción y operación del Tren Maya a través de los testimonios de comunidades afectadas en los tramos 5, 6 y 7 en Campeche y Quintana Roo. El 25 de noviembre la “Misión Civil de Observación” publicó un informe que fue realizado con el propósito de registrar y documentar las afectaciones e impactos tempranos de la construcción y operación del Tren Maya con acompañamiento de investigadoras académicas y con la presencia de la Oficina en México del Alto Comisariado de la ONU para los derechos humanos.
El mensaje de la Misión es rotundo: “graves e irreparables violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, a los derechos indígenas y a los derechos de la naturaleza”. Según el informe, en los últimos cuatro a cinco años la violencia se ha incrementado “como nunca” en las zonas impactadas por la construcción del Tren Maya: “han aparecido restos de personas descuartizadas o embolsadas, y por primera vez se han conformado organizaciones de búsqueda de desaparecidos”, que son perseguidos y amenazados.
¿Qué reporta el informe?:
Transformación violenta de modos de vida: Comunidades antes tranquilas reportan pérdida de libertad de tránsito, miedo constante, niños que ya no pueden jugar en las calles. Campesinos empujados a abandonar los trabajos del campo para emplearse en puestos precarizados de las obras y el turismo. Clínicas cerradas, acueductos inconclusos, escuelas ocupadas como cuarteles.
Militarización corporativa: La Sedena no solo construyó el tren, lo convirtió en negocio. Hoy administra hoteles de lujo, aeropuertos, museos y hasta cobro de acceso a playas públicas bajo la marca “Grupo Mundo Maya”.
Impunidad blindada como “seguridad nacional”: Un decreto presidencial en 2022 declaró el proyecto Tren Maya de “Seguridad Nacional”, colocándolo por encima del estado de derecho. Juicios iniciados en 2020 siguen sin resolverse en 2025.
Cuando la tierra se vuelve mercancía: Los precios de terrenos se dispararon hasta 400% desde 2019. Más de 600 desarrollos inmobiliarios brotaron entre 2023-2024, la mayoría sin permisos ambientales.
Ecocidio irreversible: 11,482 hectáreas de selva deforestadas (solo para el 18% se contaba con autorización de cambio de uso de suelo). Quince mil pilotes de concreto perforaron el sistema de cuevas subterráneas más grande del mundo, dañando al menos 125 cenotes. Más de 95 bancos de materiales devastaron 1,500 hectáreas. Espeleólogos, biólogos e hidrólogos coinciden: el daño al acuífero maya y los ecosistemas es irreversible.
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