Con las manos y pies encadenados y una camisa naranja (al estilo de los presos de Guantánamo) salió de la delegación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el periodista de nota policíaca, Rafael León Segovia, quien fue acusado del delito de “terrorismo”, además de “delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública”.
La realidad es que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no pudo sostener la acusación de terrorismo en contra del periodista Rafael “Lafita”, luego de que el comunicador fue detenido el pasado 24 de diciembre, tras revivir la fiscal de ese Estado una carpeta de investigación de 2023 cocinada al vapor. Todo un clásico de las fiscalías de nuestro país, las que buscan dar palo en periodos en los que es difícil encontrar un abogado que te defienda y mientras la ciudadanía está en la cruda de las “festividades” navideñas.
Rafael también conocido como Lafita no libró la prisión: le dictaron un año de prisión domiciliaria, medida cautelar, mientras la fiscalía de ese estado realiza las diligencias necesarias para complementar, según dice la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, su “investigación”. Claro, el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores desestimó ayer martes el cargo de terrorismo contra Rafael León Segovia, pero le aplicó prisión domiciliaria.
De tal forma, Rafael León Segovia quedó vinculado a un largo proceso judicial que convertirá su vida en una pesadilla en los próximos años. Y que podría deteriorar su salud además de su economía. También, fue exhibido encadenado, como un trofeo, custodiado por policías estatales que le pusieron la mano encima en el hombro mientras era llevado a una camioneta de la Penitenciaría, escoltada por la Guardia Nacional, institución que tiene a las carreteras del país fuera de control, con asaltos y robos diarios, con un promedio de más de 25 asaltos diarios al autotransporte, lo que equivale aproximadamente a un robo cada hora y con cientos de miles de millones en pérdidas.
“La fiscalía me odia por las cosas que he puesto”, dijo entre lágrimas el periodista detenido en Veracruz al salir esposado. Eso sí, la gobernadora de ese Estado, la morenista Rocío Nahle, se atrevió a decir que hay libertad de prensa en “exceso” en el estado que “gobierna”.
Sin embargo, la información recabada por Article 19 indica que “la audiencia transcurrió con múltiples inconsistencias, falta de argumentos e irregularidades” por parte de la fiscalía veracruzana.
Asimismo, Article 19 dio a conocer que “la defensa del periodista logró evidenciar que no se comprobó ninguna relación real del periodista con estructuras delictivas y que la imputación de terrorismo era completamente arbitraria”.
“Por el contrario, la audiencia sí evidenció la manera en que la Fiscalía está criminalizando la labor periodística”.
Y claro, la gobernadora asegura que la ley se tiene que aplicar a todos. Pero al periodista le aplican cargos falsos, sin sustento, con un supuesto testigo cuya identidad ha sido escondida, así como los vídeos de la audiencia. Según dicho testigo protegido el periodista habría recibido dinero del narcotráfico, señalamiento que hoy lo mantiene tras las rejas. Y al mejor estilo de los viejos tiempos prianistas, le desaparecieron 43 mil pesos que estaban en una camioneta en la que se trasladaba el periodista, misma que se llevaron al corralón, cuando lo arrestaron, a pesar de que estaba estacionada y que no tiene nada que ver con el caso, según dicen los familiares, pero aun así fue asegurada. Eso sí, sólo les devolvieron parte del dinero. Todas éstas irregularidades están siendo solapadas por el juez de bienestar que le impuso la medida de cautelar de prisión domiciliaria. La justicia en México, ha mejorado, con la elección “popular” de jueces, ¿quién lo duda?
Eso es ¿“estado de derecho”, “aplicación de la ley?”. Por supuesto, dicen las autoridades.
“Aquí en Veracruz se ha vivido un año con libertad de expresión, yo diría que hasta con excesos … de mi gobierno no ha habido un solo reclamo”. Eso dijo la gobernadora Rocío Nahle.
Ahora Rafael Segovia está en prisión domiciliaria. Y lo que venga por parte de la fiscalía que tendrá un año para engordar el expediente con lo que se les ocurra. Si ya lo acusaron de terrorismo, ahora puede acusarlo de lo que sea.
Pero como señala Article 19, la acusación de la Fiscalía se sustenta, principalmente, en un “testigo protegido”, cuyas declaraciones fueron recabadas con múltiples irregularidades y son contradictorias.
De forma inverosímil, las coberturas periodísticas de Rafael y la eficiencia con la cual hace su trabajo fueron argumentadas por la Fiscalía como supuestas “pruebas” de hechos ilícitos. Aún más absurdo, añade Article 19, “se le imputa no reportar o denunciar a las autoridades el conocimiento que tiene de supuestos hechos delictivos”.
“Bajo estos parámetros se impone un riesgoso precedente para el ejercicio del periodismo que puede dar pie a la criminalización de más personas comunicadoras”, añade Article 19.
Post Scriptum
Llega el 2026 bajo el signo de la guerra, el genocidio y la censura alrededor del mundo. México, no es la excepción, aunque las autoridades digan lo contrario. Como en el pasado prianista, se criminaliza a los periodistas, se les inventan cargos, se les arman “carpetas de investigación”. Hay quienes creen se salvarán guardando silencio. Se equivocan.
