El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que se logró el cese total de operaciones de una calera ubicada en la comisaría de Cholul (norte de Mérida) como resultado de acciones coordinadas de inspección, vigilancia, concertación y cumplimiento de la normatividad ambiental, luego de afectaciones reportadas por vecinas y vecinos debido a la emisión constante de polvo y partículas en suspensión, según dijo. Como se recordará, el año pasado dimos a conocer la protesta de habitantes que han comprado casas alrededor de la calera y que manifestaron el rechazo a que siga funcionando dicha industria, por el polvo y el humo que genera.
El mandatario explicó que este “resultado fue posible tras un acuerdo con representantes de la empresa, orientado a la protección ambiental y al respeto de los derechos de la comunidad, con el objetivo de concretar la suspensión definitiva de actividades a más tardar el 31 de diciembre de 2025”.
De acuerdo con el reporte institucional, en junio de 2025 personas habitantes de Cholul y fraccionamientos aledaños presentaron una denuncia ciudadana ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), la cual fue admitida a trámite bajo el expediente D.P. 116/2025.
En seguimiento, se realizaron visitas de inspección el 23 de junio de 2025, con la participación de áreas técnicas especializadas.
En materia de calidad del aire, el análisis técnico identificó que las emisiones a la atmósfera asociadas a fuentes fijas correspondían al ámbito de competencia federal, por lo que el expediente fue turnado a la autoridad competente.
No obstante, dice el gobierno estatal, se emitieron recomendaciones técnicas para mejorar el manejo del coque, con el fin de reducir riesgos ambientales y sanitarios.
En materia de residuos, se detectaron áreas de oportunidad y se ordenó a la empresa implementar medidas correctivas y preventivas, entre ellas la segregación, almacenamiento, registro, trazabilidad, recolección y disposición final de residuos de manejo especial, así como la obtención de la Licencia Ambiental Única correspondiente.
Se informó que mediante acuerdo de fecha 30 de junio de 2025, la SDS requirió formalmente a la empresa acreditar el cumplimiento de las acciones ordenadas en un plazo no mayor a quince días hábiles, a lo que la empresa presentó escritos y documentación. De forma paralela, la Subsecretaría de Planeación para la Sustentabilidad de la dependencia suscribió una carta de intención con representantes de la empresa, estableciendo compromisos orientados a la protección ambiental y, como objetivo, la suspensión definitiva de operaciones en la fecha señalada.
