Comunicado de prensa . – En las últimas horas, representantes de las entidades públicas vinculadas a la reforma al artículo 127 de la Constitución, informaron a diversas organizaciones de jubilados algunas decisiones relacionadas con las pensiones para los afectados por la reforma. La medida que nos fue informada consiste en modificar el monto máximo de la pensión jubilatoria mensual.
Reconocemos la disposición al diálogo que tuvo el Ejecutivo Federal para escuchar los planteamientos de las y los jubilados por las devastadoras afectaciones que la reforma implicó, y el que se haya establecido una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, lo que nos acercó a la postura que hoy se nos informó.
Es importante señalar que esta medida no fue un acuerdo derivado de una negociación ni una solución construida conjuntamente con las organizaciones de jubilados. Se trata de una determinación adoptada por las autoridades, respecto de la cual fuimos informados.
Reconocemos que esta medida puede representar una disminución de las afectaciones sufridas por algunos compañeros. Sin embargo, también debemos ser claros: el problema de fondo permanece intacto.
La preocupación principal de nuestro movimiento nunca ha sido únicamente el monto de una pensión. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el respeto a los derechos adquiridos y la certeza jurídica de millones de mexicanos que construyeron su patrimonio y su retiro bajo reglas previamente establecidas.
La propuesta anunciada no elimina la aplicación retroactiva de disposiciones que afectan derechos previamente consolidados. Tampoco modifica el marco legal que permitió que las reglas fueran cambiadas de manera unilateral y que se violentaran los derechos humanos. En consecuencia, mientras subsista la posibilidad de aplicar retroactivamente estas medidas, los jubiladosseguiremos expuestos a que nuestras condiciones sean modificadas nuevamente en cualquier momento.
Hoy se anuncia un criterio. Mañana podría anunciarse otro distinto. Ese es precisamente el riesgo que hemos señalado desde el inicio de este movimiento.
La seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos no pueden depender de decisiones administrativas, interpretaciones temporales o criterios sujetos a cambios políticos. Los derechos adquiridos y su progresividad deben estar protegidos por garantías permanentes que impidan que cualquier gobierno presente o futuro modifique unilateralmente condiciones previamente reconocidas afectando nuestro patrimonio, nuestra calidad de vida y nuestra tranquilidad.
Por ello, la Alianza Nacional de Jubilados reitera que nuestra demanda central sigue siendo la eliminación de toda aplicación retroactiva que afecte derechos adquiridos y la modificación del marco jurídico que actualmente permite mantener esa incertidumbre. Nuestro objetivo no ha cambiado.
Seguiremos impulsando todas las acciones legales, institucionales, sociales y de comunicación necesarias hasta lograr que se garantice plenamente el respeto a los derechos adquiridos de las jubiladas y jubilados de México.
Este primer logro es producto de todas y cada una de las actividades realizadas por los miles de jubiladas y jubilados que integran esta Alianza en todo el país, que han posibilitado llegar a los avances que hoy se comunican.
Hacemos un llamado a nuestras compañeras y compañeros a mantener la unidad y la organización que nos han permitido llegar hasta este punto. Los avances parciales no deben confundirse con soluciones definitivas. La experiencia reciente nos ha demostrado que cuando las reglas pueden modificarse una vez, también pueden volver a modificarse.
Por ello, este no es momento para dividirnos ni para abandonar la causa que nos une. Por el contrario, es momento de consolidar nuestra organización y mantenernos firmes hasta alcanzar una solución de fondo que brinde certeza jurídica permanente a las actuales y futuras generaciones.
Con el propósito de preservar la unidad, la coordinación y el flujo ordenado de la información, cada organización integrante de la Alianza comunicará directamente a sus afiliados los alcances de esta determinación y las acciones que correspondan en la siguiente etapa de nuestra estrategia común.
Porque la certeza jurídica no es un privilegio. Es un derecho.
Alianza Nacional de Jubilados
Unidos por la justicia, la certeza jurídica y el respeto a los derechos adquiridos.
