A principios de agosto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó sellos de clausura temporal en el millonario desarrollo inmobiliario “Las Dunas” en Chuburná Puerto, Yucatán, tras denuncias ciudadanas y ambientalistas por afectaciones al ecosistema costero. José “Pepe” Chapur, uno de los principales inversionistas, emitió su postura y renuncia mediante un mensaje escrito dirigido a los miembros del propio Comité Promotor de Inversiones de Yucatán, el cual fue filtrado y difundido ampliamente por medios de comunicación locales y nacionales el 28 de agosto de 2026. Fue un mensaje de texto enviado a un chat de miembros del comité, incluyendo a funcionarios y líderes empresariales.
El texto del empresario José Antonio Chapur Zahoul fue enviado formalmente al organismo integrado por funcionarios públicos y empresarios clave del estado, como el secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Ermilo Barrera Novelo.
Chapur defendió que el proyecto cuenta con todos los permisos vigentes. Calificó la suspensión de las obras como una muestra de “inseguridad y falta de certeza jurídica” para el sector privado en el estado y el país: “Dada la inseguridad jurídica en el Estado y en general en el país me siento incapaz de continuar promoviendo en este grupo como presidente, inclusive como miembro, y felicitar a los que aún son optimistas”.
Declaró sentirse incapaz de continuar promoviendo la llegada de capitales bajo el actual panorama regulatorio, rompiendo así con el organismo de atracción de inversiones a menos de un año de su instalación.
El líder de The Palace Company aclaró que seguirá invirtiendo en proyectos propios mediante sus empresas individuales, pero totalmente deslindado del comité de promoción oficial.
El personal federal llevó a cabo las revisiones ambientales y forestales en Chuburná Puerto entre el 28 y el 30 de julio de 2026. Durante estos días, colectivos ciudadanos y activistas ya reportaban los primeros frenos a la maquinaria pesada. En Infolliteras lo dimos a conocer mediante vídeos.
Semanas después de la acción de Profepa, el 24 de agosto de 2026, un Juzgado de Distrito en Yucatán sumó una suspension provisional derivada de un juicio de amparo interpuesto por los habitantes de la comunidad, lo que detuvo también de forma inmediata las licencias municipales de construcción.
