Luego de de que el “colectivo ciudadano Ya Basta” una denuncia penal contra el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha el Ayuntamiento de Mérida emitió un comunicado en el que dice que “trabaja dentro de la legalidad y la transparencia para dar cauce a cualquier requerimiento de orden jurídico, protegiendo siempre los intereses y el patrimonio de todas y todos los habitantes del municipio”.
Dicho “colectivo” dijo “debido a que el tres veces alcalde de Mérida está generando desde hace 10 años un grave daño patrimonial que hasta el momento asciende a más de 588 millones de pesos que tendrán que pagar los meridanos, un ciudadano integrante del Colectivo ¡Ya Basta!, Nicolás Andrés Dájer, presentó con fundamentos y motivada conforme a la ley, una denuncia penal en contra del alcalde Renán Barrera Concha por el caso de las luminarias del alumbrado público y exige a las autoridades que le finquen responsabilidades por este enorme daño patrimonial que podría ser el más grande y grave en toda la historia del municipio de Mérida“.
Asimismo, Nicolás Andrés Dájer dijo “que, al haber cancelado Renán Barrera de manera unilateral e ilegal el contrato de arrendamiento de las luminarias con la empresa ABC Leasing de México S.A. de C.V. en el año 2013, (durante su primera gestión), el alcalde incurrió en un ejercicio ilícito de Servicio Público. Este delito es previsto y sancionado en los artículos 248 y 250 fracción V, del Título Décimo Tercero del Código Penal del Estado de Yucatán”.
Sin embargo, no menciona, curiosamente, a la administración municipal (la de la priista Angélica Araujo) que realizó el contrato con una empresa privada para instalar las luminarias que fueron posteriormente removidas por su mal funcionamiento por la administración de Renán Barrera. Cabe señalar que el contrato, financiado por Banorte, generó un diferendo por vía judicial que no ha concluido y en el que el banco ha insistido en cobrar sin tomar en cuenta la oferta del Ayuntamiento de Mérida.
El “colectivo” afirma que dicha situación se tradujo en un litigio que ha perdido el Ayuntamiento de Mérida en todas las instancias, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2017, por lo que ahora el municipio está obligado a pagar más de 588 millones de pesos, debido al ejercicio ilícito que llevó al cabo Renán Barrera.
Sin embargo, la administración municipal dice que “para continuar cuidando los intereses de la población sin descuidar la atención en los servicios públicos, como en el tema de las luminarias, como autoridad emprendimos acciones y procedimientos claros y transparentes con el objetivo de defender el patrimonio de las familias, siempre anteponiendo los intereses de la colectividad sin menoscabo de la legalidad y usando los medios legales necesarios para evitar cualquier daño a la calidad de vida en el municipio”.
También afirma que “bajo este esquema de protección del bien común de la colectividad, el ayuntamiento presentó ante el cabildo la voluntad de cumplir con el pago del compromiso financiero ante la institución bancaria, la cual obedece a un programa de pagos programado y remitido al banco en cuestión”.
Y explica que “el caso de las luminarias es un problema heredado de una administración distinta (la de la priista Angélica Araujo Lara). El cambio de éstas se realizó en respuesta a una fuerte y sentida demanda ciudadana en el año 2012, con tal de solucionar los problemas del alumbrado público que dejó la administración municipal anterior”. Así es, cabe recordar que fue en 2011 cuando la entonces alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara propuso el cambio de luminarias, las que resultaron de mala calidad y con un costo a través de un contrato claramente leonino que obligó a la siguiente administración a rechazarlo y cancelarlo.
También dice que “en ese entonces, la ciudadanía demandó una pronta solución porque atentaba contra la seguridad de sus familias e impedía el correcto funcionamiento del alumbrado público”.
Y puntualiza que “aunque a la fecha no existe una notificación sobre un proceso legal adicional en el tema de las luminarias, el municipio está en toda la disposición de remitir puntualmente la información sobre este tema a la autoridad competente, así como atender oportunamente los requerimientos que sean remitidos a la administración municipal. Finalmente, desde el ayuntamiento hemos promovido la transparencia y la legalidad como políticas públicas que rigen todos nuestros procesos, donde la participación de la ciudadanía es un elemento que ha permitido brindar confianza y buenos resultados a todas y todos en Mérida y sus comisarías”.
A pesar de ello, a las 9 de la mañana de este viernes 22 de septiembre de 2023, los integrantes del equipo promotor de ¡Ya Basta!, el empresario Nicolás Andrés Dájer, la profesora Blanca Estrada Mora y la licenciada Marysol Canto Ortiz, acudieron a la Fiscalía General del Estado donde fueron canalizados a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate a la Corrupción, la cual recibió la denuncia penal.
También explicaron que “en el cuerpo de la denuncia, interpuesta personalmente por el ciudadano Nicolás Andrés Dájer, se exponen nueve hechos que describen la relatoría del caso de las luminarias desde su origen en 2011 y se ofrecen siete pruebas, todo con base en documentos oficiales, documentales públicas y en respuestas expedidas por la Unidad de Transparencia del propio Ayuntamiento de Mérida, que el colectivo recabó en el proceso de seguimiento de este polémico caso que derivó en un litigio que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuyo veredictofue en contra del Ayuntamiento de Mérida”.
“Ningún recurso del Ayuntamiento de Mérida ha procedido a favor del municipio, en todas le han dado palo a Renán Barrera y a sus asesores jurídicos, por lo que ahora, debido a la actuación ilícita del Alcalde, el Ayuntamiento está obligado a pagar esa cantidad, que al día de hoy se ha multiplicado, pues los $588 millones corresponden al mes de julio de 2022, fecha de la que se tiene ese dato y que hicieron público tres reconocidas calificadoras internacionales.” – dijo Nicolás Andrés Dájer, en un pronunciamiento y una denuncia de claros tintes electoreros.
Asimismo, dice que “el Colectivo Ciudadano ¡Ya Basta! desde el año 2017 ha estado llevando a cabo diversas acciones y actividades de investigación, seguimiento y denuncia pública en contra de la corrupción e impunidad”.
Ahora, el colectivo Ciudadano ¡Ya Basta! da un paso más, y pasa de la denuncia pública a la denuncia legal, en un ejercicio en el que busca inspirar y motivar a la ciudadanía a que podemos y debemos ejercer todos nuestros derechos, que la mejor contraloría es la ciudadana y que tenemos los canales para denunciar cualquier presunto acto de corrupción, y así, juntos como ciudadanía combatir el principal manto protector de los corruptos: la impunidad.
