Carlas a la Redacción de Infolliteras.- El 7 de febrero, en las instalaciones de la ENES Mérida de la UNAM, ocurrió un acto de violencia protagonizado por dos personas pertenecientes a la universidad: una del personal de vigilancia y otra del área jurídica. Ambas me agredieron, junto con otr@s compañer@s, de manera verbal y física.
Sin identificarse, llegaron gritando y exigiéndonos que nos retiráramos de la zona, argumentando que estábamos “dañando el mobiliario”. Cabe destacar que los viernes se realizaba un tianguis estudiantil en la ENES Mérida, ya que la mayoría de los alumnos somos foráneos y la venta de productos, como de comida, era una práctica habitual. Hasta ese momento, no habíamos recibido ninguna queja por parte de las autoridades.
A pesar de esto, el 7 de febrero, sin previo aviso ni notificación, personal de jurídico y de vigilancia irrumpió con violencia. Mientras recogíamos nuestras cosas, la mujer del área jurídica empujó una mesa hacia una de nuestras compañeras sin ninguna justificación, ya que en ningún momento nos opusimos a retirarnos. Esta agresión nos tomó por sorpresa y nos generó miedo.
Tras el incidente, informamos lo sucedido en el grupo de alumnos. Sin previo aviso por parte nuestra, llegó el secretario general Rubén, la licenciada Mariana (del área jurídica) y el supuesto Jefe de Vigilancia. Durante la conversación con ellos, explicamos que desde el inicio fuimos agredid@s verbalmente y que, sin motivo, empujaron la mesa contra nuestra compañer@. No nos dieron una explicación clara sobre el reclamo, considerando que el tianguis estudiantil llevaba años realizándose sin problemas. Finalmente, el jefe de vigilancia, junto con Rubén y Mariana, nos ofreció una disculpa y aseguraron que se encargarían de solucionar el problema.
Sin embargo, semanas después, al preguntar sobre el seguimiento del caso, el secretario general Rubén negó tener conocimiento del incidente. Posteriormente, cuando la escuela entró en paro (no solo por esta situación), las autoridades de la ENES Mérida se deslindaron por completo y nuevamente negaron estar al tanto de lo ocurrido. Ante las exigencias de los alumnos, el mismo director de la ENES Mérida afirmó que debía presentarse una denuncia formal para que se tomaran medidas, a pesar de que, en la conversación inicial con el secretario, la abogada y el jefe de vigilancia, nunca se nos informó sobre este requisito. Esto resulta sumamente grave y parece una estrategia para encubrir a las agresoras.
El 21 de febrero, envié mi denuncia a la Defensoría de la UNAM, pero esta fue remitida a la defensoría de mi institución, donde cambiaron el término de “denuncia” a “queja”. En reiteradas ocasiones, en la mesa de diálogo, se había hablado de una denuncia formal, por lo que este cambio resulta preocupante. Además, la persona encargada de atender mi caso es la Lic. Mariana, una de las implicadas, quien previamente se reservó información clave sobre el proceso de denuncia. Esto representa un claro conflicto de intereses, ya que se me informó que ella es la responsable de gestionar las quejas dentro de la institución y decidir si proceden o no.
Finalmente, el 27 de marzo, durante el intento de entrega de las instalaciones de la ENES Mérida, me pareció irónico que las mismas personas que negaron saber del hecho ahora se preguntaran por qué los alumnos desconfían de las autoridades. ¿Por qué no les creemos? Quizás porque, a pesar de vernos a la cara, ofrecernos disculpas y prometer soluciones, en cuestión de días olvidan lo sucedido, como si nunca hubiera pasado.
