Representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas destacaron que las autoridades deben proteger, respetar, garantizar y promover el buen desarrollo de las protestas y la libertad de prensa, ya que estas son herramientas legítimas de cambio social. En el caso de Yucatán, se comentó que existe una legislación que es utilizada para perseguir y censurar a medios y periodistas como es el caso de las denuncias por difamación, según se dijo.
En la jornada “Resistencias Peninsulares: El derecho a la protesta en Yucatán”, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM (CEPHCIS), se hizo un llamado a garantizar el derecho a la protesta social.
Durante el evento, realizado en el Recinto Rendón Peniche del CEPHCIS, las personas expositoras coincidieron en que las protestas han impulsado cambios profundos en México y puesto en la opinión pública problemas sociales como desapariciones forzadas, violencias hacia las mujeres y el derecho a un medio ambiente sano.
La inauguración del evento estuvo a cargo de la Presidenta de la CODHEY, María Guadalupe Méndez Correa; el Secretario Académico del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, David de Ángel García; y la oficial de derechos humanos en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Karen Hudlet Vázquez.
La presidenta de la CODHEY, María Guadalupe Méndez Correa dijo que la protesta es unos de los pilares de la democracia pues permite la circulación de ideas, además de ceñirse como una vía de participación de los grupos de atención prioritaria que han sido excluidos históricamente en los asuntos públicos del país.
Precisó que lejos de lo que podrían considerar como “revueltas”, las protestas forman parte vital de nuestra democracia.
En el mensaje inaugural, la Ombudsperson indicó que el derecho a la protesta para las sociedades democráticas genera obligaciones a los Estados para promover, mantener y fortalecer el diálogo, el pluralismo, la tolerancia y una actitud abierta con respecto al disenso en la sociedad.
“El derecho a manifestarse es un elemento fundamental del derecho a la participación en toda estructura democrática basada en derechos humanos, el Estado de Derecho y el pluralismo”, dijo.
Una de las actividades fue el Curso-Taller: “Estándares internacionales del derecho a la protesta”, impartido por María Werneck y Karen Hudlet Vázquez (ONU-DH), dirigido a personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
Posteriormente se realizó la mesa panel: “Unidxs por los derechos humanos”, con la participación de la representante de Artículo 19 México y Centroamérica, Marilyn Alvarado; la representante de Somos Periodistas, la periodista Lilia Balam; la representante de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. (UNASSE), Amelia Ojeda; la directora del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI), María Paula Balam; el subcomisario de Santa María Chí, Wilberth Alfonso Nahuat Puc; y del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, Jorge Fernández Mendiburu.
