El exgobernador de Baja California y primer mandatario estatal de oposición en México, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido por presunto huachicol fiscal, informó la Fiscalía General de la República (FGR), la que vincula a Ruffo Appel con una red de huachicol que evadió 4 mil millones de pesos La fiscal Ernestina Godoy aseguró que, entre enero y julio de 2025, la red realizó 4 mil 238 operaciones de importación de combustible a través de aduanas en Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.
Posteriormente a través de otro comunicado, la Fiscalía General de la República dio a conocer la “investigación” que justificaría la detención de Appel, el primer gobernador de “oposición” en México: Agradecemos su interés en este mensaje que dirigimos al pueblo de México para informar sobre las acciones realizadas por la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, para proteger el patrimonio de la Nación de quienes pretenden enriquecerse al margen de la ley.
Hoy damos a conocer los resultados de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
Nos referimos a un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Este tipo de operaciones requiere de estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas coordinadas, por lo que su investigación demanda un trabajo técnico y especializado.
Las indagatorias también revelaron que la estructura dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa que, posteriormente, los canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales. Estos movimientos configuran un esquema financiero con indicios de triangulación de recursos.
La reconstrucción de este entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones. Este trabajo permitió establecer la conexión entre la operación logística del combustible y la estructura financiera utilizada para administrar y dispersar los beneficios económicos generados por la organización.
Los resultados obtenidos derivan de una investigación integral basada en el análisis y cruce sistemático de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa. Este trabajo permitió reconstruir la operación logística y financiera utilizada para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular en territorio nacional.
También requirió la revisión técnica de permisos de importación, volúmenes declarados, capacidades reales de transporte, rutas de distribución, operaciones bancarias y transferencias internacionales.
A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros-tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones.
La investigación permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto “N”, ex gobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad.
Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados.
El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos de América, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
De acuerdo a la investigación, la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal.
En esos puntos, y sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético, el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes.
Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país.
La reconstrucción de esta ruta logística fue posible gracias al análisis coordinado de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial. Este trabajo permitió identificar el trayecto completo del combustible, desde su ingreso al país hasta su distribución final.
Como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada. Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro-tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.
Las investigaciones revelaron, además, un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión en el pago de impuestos, ya que a partir del análisis de los cargamentos investigados, se determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades.
Asimismo, se identificó que la organización habría utilizado 162 carros-tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales. Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, IVA. En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos.
La investigación también evidenció diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustible y las cantidades que realmente ingresaron al país. En el caso del diésel, se detectó la importación de volúmenes equivalentes a más de diez veces lo autorizado. Respecto de la gasolina regular, las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media el volumen permitido.
En este caso, la investigación no se limitó a documentar irregularidades en las operaciones de importación. De manera paralela, se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas y revelar los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades.
Como resultado de este análisis, se identificaron movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
