Más de un millón de ciudadanos europeos firman para que Bruselas sancione a Israel por la guerra en Gaza. La iniciativa es netamente ciudadana y ha sido impulsada por Justicia por Palestina, que reclama a la Unión Europea la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel. Sin embargo, la Comisión Europea con sede en Bruselas, Bélgica dijo que no hay unanimidad entre los 27 para la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel. Asimismo, la Comisión Europea recuerda que no hay unanimidad entre los 27 para la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel ya que falta unanimidad entre los veintisiete Estados miembros, al haber uno que se opone, es decir, Hungría.
Habrá que ver si la posición de Hungría cambiará tras la derrota electoral del primer ministro Viktor Orbán, que llegó a salirse de la Corte Penal Internacional (CPI) tras cuestionar la orden de arresto dictada contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en la Franja de Gaza.
Por su parte, la eurodiputada holandesa, Hanneke van der WerfL, recordó que la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel y, por tanto, este acuerdo es un elemento de presión fuerte. Países Bajos puede ponerse manos a la obra para rescindir la parte comercial del acuerdo de asociación con Israel. Bien que nuestra moción haya sido aprobada.
Con esto se insta al gobierno a que en Bruselas abogue activamente por la suspensión de la parte comercial del acuerdo de asociación y forme un grupo de cabeza con países que deseen lo mismo. Israel introduce una pena de muerte discriminatoria para palestinos. En Cisjordania, las colonias se expanden. Y en Líbano, los civiles vuelven a ser víctimas de ataques israelíes despiadados. El gobierno de Netanyahu ni siquiera finge ya cumplir con el derecho internacional. Eso no puede quedar sin consecuencias.
nforme impactante sobre niños palestinos en detención israelí. Los niños son maltratados, desnutridos y retenidos sin cargos. Israel viola sistemáticamente el derecho internacional. Es aún más razón para suspender el capítulo comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel.
LA CARTA:
La carta, enviada por más de 60 organizaciones humanitarias, de derechos humanos y sindicales, está dirigida a la presidenta del Consejo de la UE, Úrsula von der Leyen, a la alta representante Kaja Kallas y a los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la UE.
Las organizaciones firmantes denuncian una reiterada falta de voluntad política para actuar y piden medidas concretas: suspensión de las transferencias de armas, prohibición del comercio con los asentamientos israelíes ilegales y suspensión del Acuerdo de Asociación entre Bruselas e Israel.
“No son meras decisiones políticas” según los firmantes, “sino obligaciones legales”. En el caso del Acuerdo de Asociación UE-Israel, se recuerda que ya en junio de 2026 la UE constató que Israel había incumplido el artículo 2, que identifica el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos como “elementos esenciales” del tratado.
Las acciones continuas de Israel en los territorios palestinos ocupados y en el Líbano, a lo que hay que sumar la ley discriminatoria sobre la pena de muerte recientemente aprobada, son prueba de ese incumplimiento.
Las organizaciones aluden también a la represión y los ataques a la población palestina en Cisjordania, al encarcelamiento sin cargos ni juicio de miles de palestinos y palestinas, incluyendo niños y niñas, y a los ataques y expansión ilegal de los asentamientos de los colonos por todo el territorio de Cisjordania y Jerusalén Este. Desde octubre de 2023, la violencia de los colonos respaldados por el Estado ha provocado el desplazamiento de 38 comunidades palestinas enteras.
Estimada Presidenta von der Leyen,
Estimada Alta Representante/Vicepresidenta Kallas,
Estimados Ministros y Ministras de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la UE,
Nosotros, las organizaciones humanitarias y de derechos humanos y los sindicatos abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes ante la intensificación de la brutal represión y las políticas de anexión ilegal por parte de las autoridades israelíes en Palestina, así como las violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) en Palestina y el Líbano, para instarles a que adopten las medidas, largamente postergadas, propuestas por la Presidenta von der Leyen en septiembre de 2025, en particular la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, junto con cualquier otra medida necesaria para cumplir con el derecho internacional, incluyendo la prohibición del comercio con los asentamientos israelíes ilegales y la suspensión de todas las transferencias y el tránsito de armas a Israel.
Ya en junio de 2025, la UE constató que Israel había incumplido el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel, que identifica el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos como «elementos esenciales» del tratado. Las acciones continuas de las autoridades israelíes en Israel, en todo el Territorio Palestino Ocupado (TPO) y en el Líbano agravan aún más esta violación y están causando un inmenso sufrimiento a millones de personas en toda la región.
El mes pasado, la Knesset israelí aprobó una ley discriminatoria sobre la pena de muerte que amplía significativamente su alcance y aplicación, dirigiéndose de hecho exclusivamente contra los palestinos. Esta ley no solo constituye una flagrante violación de los derechos a la vida y a un juicio justo de las y los palestinos, sino que también se suma al creciente conjunto de leyes y políticas discriminatorias implementadas por las autoridades israelíes contra la población palestina, que la Corte Internacional de Justicia ha declarado que violan el Artículo 3 de la CERD, que prohíbe la segregación racial y el apartheid, en su Opinión Consultiva de julio de 2024. Numerosos organismos y expertos de la ONU, organizaciones palestinas, israelíes e internacionales de derechos humanos, y reconocidos juristas, también han documentado cómo estas políticas y leyes constituyen el sistema y el crimen de lesa humanidad del apartheid.
En Cisjordania ocupada, Israel está acelerando sus políticas y prácticas de anexión ilegal e intensificando la represión y los graves abusos contra la población palestina. Desde el inicio de la guerra con Irán y Líbano, la situación se ha agravado considerablemente. Desde el 28 de febrero, las autoridades israelíes han impuesto estrictas restricciones de movimiento en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Además de los puestos de control preexistentes, desde octubre de 2023 se han instalado decenas de nuevos puestos de control en Cisjordania, la mayoría de los cuales se encuentran cerrados, lo que dificulta gravemente el acceso de las y los palestinos a sus tierras, lugares de trabajo, escuelas, servicios de salud y emergencia. Asimismo, las fuerzas israelíes y los colonos respaldados por el Estado han intensificado los ataques, registrándose más de 200 solo en marzo, incluyendo denuncias de abusos sexuales. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), este año las fuerzas israelíes y los colonos han asesinado a 34 palestinos, entre ellos siete menores, y herido a 771, incluyendo 97 niños y niñas. Los ataques se dirigen cada vez más a las aldeas palestinas más grandes de la zona B, extendiéndose por toda Cisjordania. Desde octubre de 2023, la violencia de los colonos respaldados por el Estado ha provocado el desplazamiento de 38 comunidades palestinas enteras. A menos de tres meses de iniciado 2026, 1700 palestinos han sido desplazados, superando ya el total de todo 2025. Para los colonos violentos, la impunidad sigue siendo la norma: según ONG israelíes, solo el 3 % de los casos resultan en una condena total o parcial. En contraste, para los palestinos, la tasa de condenas en tribunales militares es del 99 %.
La violencia cada vez más letal de los colonos, respaldada por el Estado, va de la mano con la aceleración de la expansión ilegal de los asentamientos y las políticas de anexión mediante una serie de medidas adoptadas recientemente por Israel para desplazar y despojar a la población palestina de Cisjordania. En agosto de 2025, el Consejo Superior de Planificación israelí aprobó el plan E1, destinado a dividir el territorio palestino ocupado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes atroces, declaró públicamente que el objetivo del E1 es garantizar que «no exista un Estado palestino». En Jerusalén Este, anexionada ilegalmente, las autoridades israelíes desalojaron por la fuerza a 15 familias palestinas, incluyendo 29 niños y niñas, de sus hogares en Batn al-Hawa, Silwan, el mes pasado. Al menos otras 200 familias del barrio se enfrentan al riesgo de un desalojo forzoso para permitir la toma ilegal de sus hogares por parte de organizaciones de colonos.
Mientras tanto, más de 9.560 palestinos y palestinas permanecen detenidos en Israel, la mitad de ellos sin cargos ni juicio, ya sea bajo detención administrativa o en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales. Israel mantiene actualmente detenidos a 351 niños y niñas palestinos, más de la mitad bajo detención administrativa sin cargos ni juicio. Personas expertas de la ONU, ONG palestinas e israelíes han documentado torturas sistemáticas y tratos inhumanos y degradantes contra prisioneros palestinos, y las autoridades israelíes siguen negando al CICR el acceso a todos los centros de detención.
En la Franja de Gaza ocupada, persiste la catástrofe humanitaria provocada por Israel. Israel sigue incumpliendo tres órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia en el caso presentado por Sudáfrica por presunta violación de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre ellas, garantizar el acceso sin trabas a la asistencia humanitaria y preservar las pruebas. La Comisión de Investigación de la ONU, junto con numerosas organizaciones de derechos humanos y juristas, ha constatado que las autoridades israelíes han cometido y siguen cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Desde el inicio del llamado alto el fuego en octubre de 2025, al menos 736 palestinos y palestinas han sido asesinados. Los ataques aéreos, los bombardeos y los tiroteos continúan a ambos lados de la denominada “Línea Amarilla”, una demarcación militar temporal que ahora corre el riesgo de convertirse en una división territorial permanente. Mientras tanto, los nuevos requisitos de registro, que violan los principios humanitarios establecidos y las leyes de protección de datos, han permitido a las autoridades israelíes restringir aún más el espacio operativo de decenas de organizaciones humanitarias internacionales.
Las políticas israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados contravienen las obligaciones establecidas en la opinión consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que declaró la ocupación israelí ilegal y plagada de graves abusos, incluyendo la violación por parte de Israel del Artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que prohíbe la segregación racial y el apartheid. La Corte aclaró que Israel debe poner fin a su ocupación, desmantelar sus asentamientos, permitir que las y los palestinos regresen a sus hogares y proporcionarles reparaciones por los daños sufridos. Varios expertos han alertado sobre la posible “gazificación” del conflicto en el Líbano, donde las fuerzas israelíes han desplazado a más de 1,2 millones de personas, aproximadamente una quinta parte de la población del país, en su ofensiva contra Hezbolá, tras órdenes de evacuación excesivamente amplias que no constituyen garantías efectivas de protección. El ejército israelí ha atacado centros y personal sanitarios, periodistas e infraestructura civil, incluidos puentes, lo que afectará gravemente la capacidad de distribuir alimentos a las personas que no pueden o no quieren abandonar sus hogares y que deberían seguir estando protegidas por el derecho internacional humanitario. Las autoridades israelíes han indicado que la zona se convertiría en una “zona de seguridad” en la que todas las viviendas libanesas en las aldeas fronterizas serían destruidas e Israel mantendría el control sobre el sur del Líbano hasta el río Litani, según declaró el ministro Katz.
Estos acontecimientos se producen tras décadas de declaraciones de preocupación y llamamientos a una «solución de dos Estados» de la UE, que han sido ignorados en gran medida por las autoridades israelíes, sin ninguna consecuencia. Celebramos los compromisos de cinco Estados miembros (España, Irlanda, Eslovenia, Bélgica y los Países Bajos) de prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales, tal como exige el derecho internacional y la opinión consultiva de la CIJ de julio de 2024, y felicitamos a España por haber prohibido ya la importación de productos y la publicidad de bienes y servicios procedentes de asentamientos israelíes ilegales desde septiembre de 2025. Instamos a la UE a que haga lo mismo, en cumplimiento de los artículos 3(5) y 21(1) del TUE, y en consonancia con su condena unánime y reiterada de las políticas de asentamientos israelíes como ilegales y un «obstáculo para la solución de dos Estados» que la UE afirma impulsar.
Hasta la fecha, el Consejo no ha alcanzado la mayoría cualificada necesaria para suspender las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Israel, a pesar de los reiterados llamamientos de Estados miembros, diputados al Parlamento Europeo, sociedad civil y ciudadanía europea. Esta inacción corre el riesgo de dejar sin efecto en la práctica la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Asociación, menoscaba aún más la credibilidad de la UE y fomenta la sensación de impunidad que alimenta los crecientes abusos de Israel. Hacemos un llamamiento a los Estados miembros para que apoyen la suspensión del acuerdo e instamos al Consejo a reflexionar sobre las consecuencias reputacionales, jurídicas y, sobre todo, humanas de la continua inacción ante las crecientes pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por Israel tanto en Palestina como en el Líbano.
La Unión Europea y sus Estados miembros deben suspender de inmediato todas las transferencias y el tránsito de armas, municiones, equipos, tecnología, piezas y bienes de doble uso a Israel. Esta obligación no es discrecional, sino que se deriva tanto del derecho de la UE como del derecho internacional. Los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas y la Posición Común de la UE sobre las Exportaciones de Armas exigen a los Estados que no transfieran armas a un receptor cuando exista un riesgo claro de que puedan utilizarse en graves violaciones del derecho internacional humanitario (DIH), como es el caso de Israel. Además, el artículo 1 común de los Convenios de Ginebra de 1949 exige que los Estados respeten y garanticen el respeto del DIH. Si bien varios Estados miembros ya han suspendido las exportaciones de armas, instamos a todos los demás a que lo hagan sin demora. Asimismo, la UE debería adoptar medidas coordinadas a nivel institucional para impedir el tránsito de armas, componentes y bienes de doble uso a través de su territorio hacia Israel, incluso subsanando las deficiencias normativas y de aplicación de la ley existentes.
Los patrones documentados en esta carta son la consecuencia previsible de décadas de impunidad: la incapacidad de la comunidad internacional para exigir responsabilidades a las autoridades israelíes y la disposición a permitir que consideraciones políticas prevalezcan sobre las obligaciones legales. Lo que sigue faltando es la voluntad política para actuar. Las medidas que proponemos en esta carta —la suspensión de las transferencias de armas, la prohibición del comercio con los asentamientos israelíes ilegales y la suspensión del Acuerdo de Asociación— no son meras decisiones políticas. Son obligaciones legales. Los pueblos de Palestina y Líbano merecen acción y rendición de cuentas, no preocupaciones ni condolencias. Debería de haberse actuado hace ya mucho tiempo.
Firmantes:
Internacional:
1. ACT Alliance EU
2. ActionAid International
3. Amnesty International
4. Avaaz
5. CIDSE- International family of Catholic Social Justice Organisations
6. Caritas Europa
7. Ekō
8. EuroMed Rights
9. Global Witness
10. Human Rights Watch
11. International Rehabilitation Council for Torture Victims
12. Oxfam
13. Pax Christi International
14. SOLIDAR
15. United Against Inhumanity
16. World Organisation Against Torture (OMCT)
Organizaciones basadas en los estados miembros:
17. 11.11.11, Belgium
18. Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, Luxembourg
19. ActionAid Denmark
20. Adala for All, France
21. Ambasada Rog, Slovenia
22. Avocats Sans Frontières, Belgium
23. Belgian Academics and Artists for Palestine (BA4P/BACBI), Belgium
24. Broederlijk Delen, Belgium
25. Centro Pace ecologia e diritti umani, Italia
26. CGIL, Italy
27. Christian Aid Ireland
28. CISS, Cooperazione Internazionale Sud Sud, Italy
29. CNCD, Belgium
30. Comhlamh Justice for Palestine, Ireland
31. COPE – Cooperazione Paesi Emergenti, Italia
32. COSPE, Italy
33. Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Slovenia
34. Dignity- Danish Institute against Torture, Denmark
35. Een Ander Joods Geluid, The Netherlands
36. Entraide et Fraternité, Belgium
37. European Coordination of Committees and Associations for Palestine, Belgium
38. European Trade Union Network for Justice in Palestine, Belgium
39. FGTB-ABVV, Belgium
40. Gaza Group GCDG, Belgium
41. Glosa, Slovenia
42. International Committee Against House Demolitions – Germany
43. Ireland-Palestine Solidarity Campaign, Ireland
44. Jews For Palestine Ireland
45. Junts Associació Catalana de Jueus i Palestins, Spain
46. Kairos Ireland
47. Law4Palestine, UK and Sweden
48. Nederlands Palestina Komitee, The Netherlands
49. Olof Palme International Center, Sweden
50. PAX, the Netherlands
51. Peace Institute, Slovenia
52. Platform of French NGOs for Palestine, France
53. Portuguese Platform of Development NGOs, Portugal
54. Pro Peace, Germany
55. Reka Si, Slovenia
56. Sadaka-The Ireland Palestine Alliance, Ireland
57. Slovene Philanthropy, Slovenia
58. Solsoc, Belgium
59. The Rights Forum, The Netherlands
60. Trócaire, Ireland
61. Viva Salud, Belgium
62. Women for Peace, Finland
63. Women’s International League for Peace and Freedom WILPF Finland
64. Women’s International League for Peace and Freedom WILPF Italy
65. Women’s International League for Peace and Freedom WILPF Spain
