La omertá, el silencio mafioso, que durante siglos ha rodeado a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y monjas, ha sido levantado por órdenes del Papa Francisco.
En particular, en los dos últimos papados, el silencio era una política de Estado que encubrió a los victimarios, a los curas abusadores, pederastas, a través de una cadena de complicidad que llegaba hasta el mismo Vaticano.
El “secreto pontificio” que en materia de abusos sexuales el Papa decidió eliminar fue concebido como un “código de silencio” para proteger la información confidencial sobre el gobierno de la iglesia. En éste caso el código aplicaba sobre todos los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, purpurados, nuncios pontificios y fundadores de órdenes religiosas como Marcial Maciel, creador de los Legionarios de Cristo.
Para que nos entendamos: el “secreto papal o pontificio”, debía respetarse a rajatabla, no había opción de violar dicha instrucción del Papa. La violación del secreto papal era castigada con la excomunión.
Durante décadas, quienes denunciaban abusos sexuales, violaciones de menores cometidas por curas, eran objeto de persecución, silenciamiento, acoso, instigación, acusaciones de anticlericalismo, amenazas.
La Iglesia, los obispos, utilizaban todo su inmenso poder para silenciar a las víctimas pero también a los periodistas que osaran publicar alguna información al respecto. Las víctimas eran objeto de todo tipo de amenazas, así como sus familiares. Los periodistas no raramente terminaban sin trabajo o censurados.
El giro en el silencio ordenado por el Papa Francisco tiene que ver con un auténtico tsunami de abusos que han salido a la luz en las últimas décadas y recientemente. El problema es que los escándalos y denuncias no paran de multiplicarse. En enero, durante la cumbre anti pederastia celebrada en el Vaticano por órdenes del Papa se hacía notar que el creciente número de denuncias de abusos recibidos en la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) en 2018 -el doble que el año anterior- procede de países latinoamericanos.
Como reconoce monseñor John Joseph Kennedy, jefe de la sección disciplinaria en la Congregación para la Doctrina de la fe, del Vaticano, en el último año el número de casos denunciados se ha disparado, también por la pérdida del temor a denunciar, y siguiendo una tendencia de años pasados.
La oficina para el tratamiento de las denuncias por abusos sexuales del Vaticano ha registrado en el presente año la cifra de mil casos señalados de todo el mundo. En 2018 fueron 900.
Así lo dijo Kennedy al periódico estadounidense Washington Post: “en éste momento estamos frente a un tsunami de casos, en particular de países de los que no habíamos escuchado hablar nunca”.
Asimismo, afirmó al Washington Post, que las acusaciones de abusos sexuales provienen principalmente, además de Estados Unidos, de Argentina, México, Chile, Italia y Polonia.
Cabe recordar que a la cumbre anti pederastia en el Vaticano acudieron 190 representantes de la jerarquía, entre ellos los presidentes de las Conferencias Episcopales.
Dicha presencia sorprendió ya que nunca se había visto algo semejante en el Vaticano a pesar de cumbres como la organizada por el Papa Juan Pablo II con los obispos estadounidenses para declarar la “tolerancia cero” contra las violaciones de menores.
Cabe recordar que tras la aprobación de los nuevos lineamientos en materia de abusos sexuales en enero del presente año, el arzobispo de Yucatán Gustavo Rodríguez Vega declaró que en el caso de la diócesis que dirige, habría alineamiento con las nuevas medidas emanadas de dicha cumbre.
Anteriormente habíamos señalado que el caso del cura yucateco Baquedano Pech podría ser uno de los cinco casos de abusos sexuales a menores reconocidos por la Arquidiócesis tras la cumbre anti pederastia realizada en el Vaticano y encabezada por el Papa Francisco. Dichos casos se encuentran en manos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, pero no se conoce ningún avance en la materia, tras años de secretismo y silencio. Estamos a la espera que se informe sobre éstos casos y si hay otros en manos no sólo de la FGE sino de la arquidiócesis local.
Ésta lacra afecta profundamente a la credibilidad de la Iglesia Católica y la mantiene a la defensiva desde hace 3 papados.
Sin embargo, con la nueva instrucción del Papa Francisco “sobre la confidencialidad de las causas” se establece claramente que “no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos”.
Es hora de que ese silencio también cese en Yucatán.
